Sigue latente la indignación de los usuarios del servicio de energía por el alza desmesurada que han tenido las tarifas de energía en los últimos meses, afectándoles el bolsillo y el poder adquisitivo.
La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, le hizo un llamado a los generadores y comercializadores de energía para que renegociaran sus contratos bilaterales con el fin de rebajar la tarifa en un rango entre el 4% y el 8%, objetivo que se cumplió a medias, dejando insatisfechos a los usuarios porque al final la baja fue irrisoria.
Y no era para menos, pues dicha renegociación se circunscribió prácticamente a la revisión y cambio, que efectivamente se dio, del indexador aplicado a la tarifa, el Índice de precios al productor, que, como se recordará dio un salto desde el 4% en 2020 al 34%.
En efecto, acordaron que, en adelante, se utilizará como indexador en la fórmula tarifaria el menor valor que se registre entre el IPP y el Índice de precios al consumidor (IPC).
En vista de que este pequeño alivio, producto de lo que llamó la ministra un Pacto por la justicia tarifaria, no le movió la aguja a la factura que les llegó a los usuarios este mes de noviembre, la ministra anunció que iba a convocar nuevamente a generadores y comercializadores para que se sentaran otra vez e hicieran un nuevo esfuerzo para bajar otro tanto las tarifas.
Este anuncio ha causado incertidumbre entre estos porque temen que el Gobierno les meta mano a las tarifas y por esta vía se llegue a comprometer la suficiencia financiera de las empresas.
Analizando las causas y las consecuencias de las desmedidas alzas de las tarifas del servicio de energía, la preocupación persiste porque no se avizora una solución de fondo a esta problemática en el corto plazo y ello angustia a los usuarios.
Cabe advertir que el aumento pudo haber sido mayor de no aplicarse la llamada opción tarifaria, que es un truco que se inventaron para amortiguar el impacto del alza, parte de la cual se difiere su pago, de tal modo que el usuario, sin percatarse de ello, viene contrayendo una deuda con la empresa, acumulando una cifra que supera ya los $4 billones. Y no hay que perder de vista que no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague.
Lo que resulta inadmisible es que, aunque las restricciones obedecen a atrasos en la ejecución de los proyectos de generación, como ha ocurrido con Hidroituango o de transmisión, ese sobrecosto tenga que asumirlo el usuario y no el responsable de dichos atrasos. Por esto estamos demandando de la CREG que corrija esta inequidad y que las restricciones las pague quien las cause. Esto no es mucho pedir.
En el caso de la región Caribe, definitivamente lo que marca la diferencia, abismal por lo demás, entre el alza escandalosa de las tarifas a los usuarios de Air-e y Afinia, con respecto al resto de usuarios del país, son las pérdidas reconocidas (PR) que se extiende a las técnicas y no técnicas.
Mientras no se le encuentre solución a esta clavija que le están metiendo a los usuarios, las tarifas no van a bajar.
Por Amylkar Acosta.
Cota, noviembre 12 de 2022
www.amylkaracosta.net