Por: Amylkar D. Acosta M1
La neutralidad que se predica de la Reforma Tributaria que se debate en el Congreso de la República lejos de ser una virtud de la misma es su talón de Aquiles, pues en la práctica lo que se daría con ella es una recomposición de la carga impositiva a favor de las rentas de capital y en detrimento de las rentas de trabajo. Se dice por parte del Presidente de la República que “sólo el 1% (los más ricos) son los que tendrán que pagar más impuestos” y casualmente el 1% más rico es aquel que tiene ingresos por dividendos y estos estarán exentos del pago de impuestos. Además, se parte de la falsa idea de que los más ricos son aquellos que perciben ingresos por sueldos, salarios u honorarios mayores a $3.5 millones mensuales.
Como los sostiene la Contraloría General de la República, esta propuesta de reforma está muy lejos de promover una mayor equidad en la tributación y la mejora en la distribución del ingreso, medida por el coeficiente Gini, es ínfima. Seguiremos con un Estatuto tributario que contraría “los principios de equidad, eficiencia y progresividad” consagrados en la Carta.
Preocupa sobremanera la suerte del SENA, el ICBF y del Sistema de Seguridad Social en Salud, porque, de cambiarse la fuente de su financiación como lo propone el Gobierno, la misma estaría dependiendo del comportamiento del ciclo económico y de los altibajos del crecimiento del PIB. Y no es ninguna garantía la “salvaguarda” del presupuesto, pues es bien sabido que este siempre vive desfinanciado y en últimas sus recursos estarían supeditados al “espacio fiscal” que encuentren en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que expide cada año el Consejo de Política Fiscal (CONFIS) del Ministerio de Hacienda, instrumento este que obedece a su vez a la Ley que estableció la Regla fiscal. En fin, se estaría abandonando lo cierto, que son los recursos parafiscales y la cotización en salud con cargo a la nómina, por lo dudoso de este nuevo impuesto. Este sería un salto al vacío.
Además, cómo puede decir el Ministro de Hacienda que con esta reforma “se amplía la base sobre la cual se van a girar las transferencias a las entidades territoriales”, si está previsto que “el nuevo impuesto para la equidad CREE no formará parte de la base para la liquidación del Sistema General de Participaciones de que tratan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política”. En los próximos cuatro años se le sustraerán al recaudo por impuesto de renta a las empresas por cuenta del CREE entre $8 billones y $10.9 billones, los cuales dejarían de estar en la base de cálculo y liquidación de los recursos del Sistema General de Participación (SGP), que no son otros que los recursos que le transfiere la Nación a departamentos y municipios con destinación específica a salud, educación y saneamiento básico.
El Gobierno ha respondido a la academia, a los analistas e investigadores que se han ocupado de su propuesta de reforma y han opinado sobre la misma con cajas destempladas. No se refutan los argumentos con argumentos sino con la descalificación de quienes se atreven a disentir de la opinión del Gobierno. El disenso para el Gobierno son “falacias” y “mentiras” y quien expresa un punto de vista que no comparten, para ellos se está desinformando. Al parecer el Gobierno tiene la verdad revelada, que por serla no necesita demostración. Bien dijo el pensador ibérico José Ortega y Gasset que “la verdad oficial es la administración prudente de la falsedad”.
Por todo ello y mucho más, coincidimos con la recomendación del estudio de la Contraloría General de la República, en el sentido que “no sería prudente ni conveniente que se tramitara el proyecto en lo que resta de la presente legislatura, sino más bien que se aplazara su tramitación a la próxima legislatura para dar la oportunidad de tener un debate más amplio en círculos académicos, en el Gobierno y en el mismo Congreso mismo”.
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