Con el proyecto de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, un artilugio de 166 enrevesados artículos, el Gobierno mostró las orejas del conejo pero se asustó por el rechazo y, rehuyendo el debate que ameritaba el tema, lo convirtió en una versión de 57 artículos que luce muy “procedimental”. En pocos días fue “tijereteado” y maquillado, pero manteniendo los enemigos ocultos contra la propiedad privada rural.
El Gobierno decidió usar sus facultades extraordinarias y sacarlo como Decreto Ley, limitando la “socialización” a quienes aceptaron mantener a puerta cerrada sus desacuerdos y renunciar al debate público. Por supuesto que Fedegán nunca fue invitado. Cuando me contactaron para participar en el programa de Julio Sánchez, él confesó al aire que los gremios consultados manifestaron su desacuerdo, pero solo Fedegán aceptó expresarlo públicamente.
Siempre es que intimida la capacidad de retaliación de un gobierno acorralado por sus compromisos con las Farc, con 16 % de favorabilidad, y que ya demostró con Fedegán de lo que es capaz para neutralizar contradictores.
El nuevo proyecto evita la declaración de principios que levantaba la bandera de la expropiación, para iniciar con un inusual reconocimiento de los derechos a la propiedad privada, la libre competencia y la libre empresa, además de aceptar el fracaso de las leyes 135 de 1961 y 160 de 1994. Al mismo tiempo, sin embargo, destapa su relación con los compromisos del Acuerdo y el afán de su implementación, con una meta anual de formalización de 700.000 hectáreas, sumadas a 300.000 más, hasta completar tres millones del Fondo Gratuito, que tendrán que salir de la“Extinción de dominio sobre tierras incultas de que trata la Ley 160 de 1994”, discretamente incluido en el nuevo articulado, sin el protagonismo que tenían los procedimientos y competencias de la ANT para establecer y castigar el inadecuado uso ambiental de la tierra, una zona gris para el atropello a la propiedad privada.
¿Qué pasó con los más de 100 artículos eliminados? Que el Gobierno aplazó el debate al tema ideologizado de la tierra, dentro de un contexto de equidad -¡claro!-, pero también de productividad, seguridad alimentaria y competitividad; es decir, de realidad.
Al final, las decisiones tampoco son del Gobierno, pues lo que puedan hacer los próximos tres para implementar lo acordado está en manos de la omnipotente Comisión de Seguimiento, compuesta por tres delegados del Gobierno y tres de las Farc, con el acompañamiento de ¡Cuba y Noruega! para dirimir diferencias; es decir, tres contra cinco.
Nota bene. Vergonzosa y torpe la actuación del Contralor Delegado para el Sector Agropecuario, de resucitar un refrito archivado de presuntas violaciones a la Ley 160 de 1994, con una lista encabezada por el expresidente Uribe.
Por José Félix Lafaurie Rivera