El Comité de Seguimiento y Evaluación a la Inversión de las Regalías del Carbón, CSIR Cesar, acompaña al Departamento Nacional de Planeación en los foros de auditoría visible que realiza desde la semana anterior en los municipios mineros del departamento, donde a su vez verifica algunos contratos que se ejecutan con recursos de regalías del carbón.
Durante el foro de seguimiento realizado en La Jagua de Ibiríco, se analizó el contrato 183 de 2009, para la construcción y mejoramiento de las instalaciones de cinco instituciones educativas en la zona urbana y dos en los corregimiento de La Victoria de San Isidro y Boquerón, por valor de 24 mil 995 millones de pesos.
Dicho contrato, que inició el 15 de marzo de 2010 con un plazo de 14 meses, debe terminar el 14 de mayo de 2011. El contratista es la Unión Temporal Segundo Centenario La Jagua, cuyo representante legal es Mario Valderrama Cordero. El valor contratado para las obras es financiado ciento por ciento con recursos de regalías del carbón, así como la intervención técnica a cargo el consorcio Interventorías Técnicas del Cesar por valor de 3.557 millones de pesos.
A la fecha de la visita, se encontró una ejecución financiera y física del 35%. Con este proyecto, y de acuerdo con lo formulado, esperan beneficiar a 7.172 estudiantes matriculados en La Jagua de Ibiríco y estiman un promedio de inversión por institución educativa de 3.570 millones, siendo la más alta la Institución Educativa José Guillermo Castro Escuela Mixta 01, y la menor la Institución Educativa Boquerón con 1.750 millones. Este contrato prevé una inversión por estudiante (per cápita) de tres millones 485 mil pesos.
Observaciones
El CSIR Cesar conoció en la auditoría visible algunas observaciones a este contrato, destacándose inquietudes relacionadas con el proceso de licitación pública, como las presuntas inconsistencias en las modificaciones del proceso de licitación que estableció visita obligatoria a las obras con menos de un día de publicación, lo que limita la libre concurrencia y participación de los proponentes.
Así mismo, se hicieron modificaciones para acreditar experiencia del contratista sin que se les diera plazo alguno como la ley lo establece; de igual manera, se desembolsó el anticipo del 25%, deduciendo de esta suma valores por concepto de impuestos varios por valor de 949 millones de pesos, lo que no es permitido por la ley.
Otra observación tiene que ver con el acta de inicio, firmada 50 días hábiles después de haberse girado el anticipo (tres meses y medio), tiempo en el cual el contratista se benefició de los intereses del dinero, lo cual abre la posibilidad de que el contratista utilice con otros fines esos recursos, poniendo en gran riesgo la inversión pública y el costo final de la obra. Al CSIR le preocupa que esta conducta es reiterativa en los diferentes municipios donde se ejecutan obras con regalías del carbón.
Adicional a estas observaciones, también se evidenciaron irregularidades técnicas referentes al retraso de la ejecución del contrato. La comunidad cuestionó a Corpocesar y al contratista por la utilización de escombros, por lo que el DNP le dio un mes de plazo al contratista para que solicitara los permisos respectivos ante el municipio y la Corporación Autónoma Regional del Cesar, debido a que es el municipio el que debe determinar la respectiva disposición de los materiales sobrantes.
Igualmente, se planteó el tema de los materiales de arrastre y las inconveniencias por la ola invernal, especialmente porque se utilizan materiales de extracciones ilegales, sin permiso de Corpocesar. Otro de los temas abordados fue la falencia en los estudios de suelo porque no corresponden a la realidad, generándose posiblemente mayores costos y retrasos en el cronograma de la ejecución de las obras.
Como conclusiones se solicitó a la interventoría técnica revisar diseños estructurales para determinar posibles sobredimensionamientos en algunas obras, especialmente en el aula múltiple y el bloque administrativo de la institución educativa La Victoria de San Isidro. Al contratista se le solicitó reprogramación del cronograma de obras para recuperar el tiempo perdido en la ejecución y un análisis presupuestal para cada una de las instituciones intervenidas para el mejor aprovechamiento de mayores y menores cantidades de obras.