Hablar sobre el desarrollo sostenible de la minería, las oportunidades y retos que trae para el Cesar ese sector teniendo en cuenta el posconflicto que se avecina y el respeto de las empresas mineras a los derechos humanos fue el propósito del tercer foro “Hablemos con propiedad sobre minería”, organizado por Prodeco y el Círculo de Periodistas de Valledupar, y apoyado por Relianz Mining Solutions.
La instalación del foro estuvo a cargo de Mark McManus, presidente del grupo Prodeco; Silvana Habib Daza, presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Habib Daza orientó su discurso hacia las alianzas integrales que se han logrado entre las empresas mineras y el gobierno colombiano; en este sentido destacó que tal idea empezó hace unos años con el fin de que de varios rubros tanto privados como públicos se orientaran inversiones sociales.
“Tenemos muchos ejemplos que contar, como el caso de Cerro Matoso pues esa alianza lleva más tiempo que la de Prodeco y allá se logró posicionar mucho más porque entre la comunidad y la empresa definían qué proyectos eran importantes, entonces la comunidad siente que la empresa es su verdadero aliado”, indicó Silvana Habib.
En el caso de Prodeco, indicó la presidenta de la ANM, en su contrato de prórroga firmado hace menos de un mes se incluyó una cláusula de inversión social, “tiene que cumplir con un proyecto de alto impacto como obligación y su valor asciende a los 200.000 dólares. Tiene que hacerlo el titular minero que tiempo atrás viene indagando en las necesidades de la comunidad, así que me imagino que Prodeco definirá de manera formal en qué proyecto invertirá”, resaltó.
Entre tanto, Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), dijo que ya era hora de mirar lo que está pasando en el mundo, pues los precios de la minería han venido cayendo, por lo que los ingresos de las empresas del sector han mermado. Así las cosas, advirtió que el panorama descrito presenta un reto gigantesco para hacer minería competitiva y darle seguridad jurídica a las inversiones en este sector: “Ahora tenemos mucho menos brillo del que tuvimos. Creo que podemos recuperar el rumbo pero para eso tenemos que ser autocríticos, saber qué se puede mejorar para seguir atrayendo esos recursos que necesita el país y las regiones para seguir creciendo al mismo ritmo que en años anteriores. No enfaticé en exenciones tributarias sino en que la carga tributaria era muy alta porque estoy convencido de que en la época de ‘vacas gordas’ a esta industria se le colgaron muchas arandelas que se podían asumir en su momento”, aseveró.
Para el presidente de la ACM ha faltado comunicar más y mejor la minería y que no se den cambios abruptos de reglas para el sector, “eso genera incertidumbre, nerviosismo y en muchos casos fuga de capital. Creo que el país se ha acostumbrado a que cada mes hay una nueva sentencia que cambia los pilares fundamentales del sector minero, creo que el país debe definir cómo va a ser su minería, pero que mantenga a largo plazo esas reglas y que no judicialmente se estén cambiando de manera tan constante”, relató.
Según Ángel, el Cesar es un bastión de producción minera del país, por lo tanto todo lo que pase aquí debe ser de preocupación nacional, “por eso tenemos que acompañar al Cesar y hacer mucha presencia porque desde acá se jalona gran parte de esa locomotora; soy fiel creyente de que las cosas se solucionan en unión, no una sola parte, por eso es buena la conjunción de actores para poner esfuerzos comunes”.
Paz y desarrollo
Durante el evento se desarrollaron paneles como “Agenda para la paz y el desarrollo sostenible: negocios verdes e inclusivos”, en el que estuvieron presentes Lina Arbeláez, coordinadora del programa de ‘Lucha contra la pobreza y objetivos de desarrollo del milenio’ del Pnud; Carlos Eduardo Campo, secretario de Agricultura del Cesar; Juan Carlos Gualdrón, subdirector general para la Superación de la Pobreza del Departamento para la Prosperidad Social; Yarcely Rangel, alcaldesa de La Jagua de Ibirico y Nicolás Gómez, gerente de Sostenibilidad de Prodeco.
Campo Cuello destacó que actualmente su dependencia maneja tres importantes planes, entre ellos el de energías alternativas y el de sostenibilidad rural, y ha identificado 10 cadenas productivas, entre las que destaca un proyecto de creación de una escuela apícola que se inaugurará este lunes y contará con 15.000 colmenas y generará dos salarios mínimos a las familias participantes.
En el segundo panel, denominado “Retos y oportunidades para el Cesar en la era del posconflicto”, dialogaron León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación; Leonor Zalabata, comisionada de Derechos Humanos por la Confederación Indígena Tairona; Bernardo Toro, asesor estratégico de la Fundación Avina.
Zalabata cuestionó sobre la educación que están recibiendo los ‘hermanos menores’ al recordar el pánico que se vivió en Valledupar el pasado martes, cuando un rumor de suministro de agua envenenada corrió por la ciudad. Entre tanto, Toro comentó que desde la embajada Suiza en Colombia le solicitaron que ayudara a establecer en 15 empresas suizas los derechos humanos como criterios de gestión, de tal modo que enseñó a no planificar nada a menos de 25 años, que las cosas no se pueden resolver con proyectos menores, que nada escapa en el planeta al cambio climático y que era necesario aprender a cuidar o pereceríamos.
Así las cosas planteó que, ante todo, hay que cuidar la dignidad humana y los bienes ecosistémicos del planeta, o de lo contrario la humanidad ha fracasado en todo. Luego el turno fue para Valencia, quien se reconoció como ‘aguafiestas’ por las investigaciones que genera; de este modo señaló que los grandes conflictos en Colombia giran alrededor de las industrias extractivas y que existe una estructura cobarde del gobierno central frente a la minería, ya que se limita a entregar los títulos y desaparece. Indicó que existen tres propósitos para alcanzar la paz desde estas regiones: sacar la violencia del sector minero, ajustar la institucionalidad de cara a los retos pues hay cosas obsoletas y crear un frente común por el uso de las regalías en las regiones.
En horas de la tarde se desarrolló el panel “Empresas mineras y derechos humanos”, en el que participaron José Rafael Unda, gerente de Ardura SAS; Carlos Franco, gerente de Estándares Sociales y Relacionamiento Internacional de Cerrejón; Pablo Urrutia, vicepresidente de Comunicaciones de Drummond y Álvaro Amaya, director del programa de Empresas y Derechos Humanos de la Fundación Ideas para la Paz.
El evento cerró con la intervención de María Elvira Bonilla, directora del portal Las 2 Orillas y del gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, el 60 % de los conflictos sociales en Colombia provienen de las industrias extractivas.
Por Jennifer Del Río Coronell
jenniferdelrio@gmail.com