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En primera instancia, ordenan suspender minería en la serranía de Perijá

En un fallo de primera instancia, la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Cesar ordenó suspender el desarrollo de las actividades mineras en zonas de la serranía de Perijá, jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico, debido a que estas podrían traslapar con ‘territorio ancestral de la comunidad yukpa’, suspensión que iría hasta cuando se delimite el territorio de la comunidad indígena.

Las empresas Carbones de La Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro, en su momento solicitaron sustraer un territorio de la zona de reserva forestal de la serranía de Los Motilones para la implementación de un botadero llamado El Palomo, en el cual se pretende manejar y hacer la disposición del residuo estéril producto de la explotación minera, actividad que se lleva a cabo en la operación para extraer el mineral.

Sin embargo, el territorio donde se instala el botadero, una vez aprobada por el Ministerio de Ambiente la solicitud que permitió la sustracción de unas hectáreas de la zona de reserva forestal de la serranía de Los Motilones en la serranía de Perijá, al parecer está sobre un territorio que reclama la comunidad yukpa en un proceso que estudia la Agencia Nacional de Tierras.

Por eso, la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Cesar ordenó, en primera instancia, al Ministerio del Interior, Ambiente y a las empresas que participan en el proyecto minero, suspender el desarrollo de la actividad minera en el botadero, hasta tanto la Agencia Nacional de Tierras no delimite el territorio ancestral yukpa.

ORDEN GENERAL

Sumado a lo anterior, el Tribunal señaló que una vez se delimite este territorio, y en caso de que se compruebe que el proyecto minero traslapa con el territorio yukpa, la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior debe convocar a la comunidad indígena y a las empresas mineras a un proceso de consulta previa.

Por último, en el fallo de primera instancia ordenan a las entidades públicas competentes abstenerse de realizar cualquier sustracción de territorio, entregar títulos mineros, suscribir contratos de exploración o explotación, y entregar licencias, lo anterior hasta cuando se delimite el territorio ancestral yukpa que pretende ser ampliado.

VERSIONES

Desde el Grupo Prodeco, el vicepresidente legal Óscar Gómez señaló que pronto tendrán que parar las operaciones en la mina La Jagua, al no contar con un lugar donde botar los residuos estériles. Esa mina es trabajada por la empresa Carbones de La Jagua, del Grupo Prodeco.

“Claramente esta decisión afectará la operación minera en un corto plazo. ¿Cuándo? Estamos en evaluación, pero es una decisión grave que no tiene en cuenta la realidad de la actividad minera y que le está dando a la comunidad indígena unas expectativas de derechos que aún no han sido reconocidos”, señaló Gómez. Por ser en primera instancia, las empresas acudirán ante el Consejo de Estado para apelar la decisión.

Por otro lado, Edwar Álvarez, asesor de la comunidad indígena en temas territoriales y ambientales, asegura que esta decisión de los jueces no es culpa de las comunidades indígenas, sino de las entidades públicas que no cumplieron con las órdenes de la Corte Constitucional.

“El 7 de diciembre del 2013, el pueblo yukpa fue objeto de una sentencia de la Corte Constitucional, Sentencia T-713. En dicha sentencia la Corte Constitucional ordenó a la Agencia Nacional de Tierras delimitar el territorio yukpa. Le dio un año, sin embargo transcurrió un año y nueves meses y no cumplió. Se va a la vía judicial para proteger nuestros derechos”, aseguró Álvarez.

La etnia ubicada en la serranía de Perijá está formada por pequeños resguardos: Sokorpa, Iroka, Menkwe, Laguna, Koso y Cinco Caminos; Rosario, Bella Vista, Yukatán y Caño Padilla. A raíz de una acción de tutela interpuesta por esa comunidad en el año 2016, la Corte Constitucional ordenó a la Agencia Nacional de Tierras atender las solicitudes de delimitación y ampliación del territorio ancestral yukpa y las solicitudes de sustracción presentadas por las empresas mineras en la zona de reserva forestal de la serranía de los Motilones, ubicada en la serranía de Perijá.

POR: DEIVIS CARO DAZA/ EL PILÓN
defancaro1392@gmail.com

Categories: Económicas
Periodista: