Aunque Solimar Rodríguez Effer, representante legal de la fundación Mejor Vivir, quedó en libertad el pasado miércoles, por un mal procedimiento de la captura por parte de la Fiscalía, deberá responder por varios delitos que la involucran en diversas irregularidades en los manejos de dos contratos que firmó con el Instituto Colombiano de Bienestar familiar Icbf, que superan la suma de los cinco mil millones de pesos, cada uno, allí se evidencia un defraude que asciende a más de 2.217 millones de pesos.
La finalidad de los contratos era brindarles desayuno, almuerzo y un refrigerio a los menores entre los 0 y 5 años de edad. Sin embargo, cuando el Icbf comenzó a indagar la ejecución de este contrato, se descubrió una serie de irregularidades.
En la investigación, la Fiscalía halló que la Fundación habría creado 304 cupos de ‘niños inexistentes’, es decir, cobró recursos para alimentar a estos niños, así se comprobó al cruzar datos con la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Rodríguez Effer, quien se presentó voluntariamente a la Fiscalía, es investigada por los delitos de concierto para delinquir, peculado y falsedad ideológica en documento público.
Los miembros del CTI han determinado que para el año 2015, en La Guajira se destinaron 141 mil millones de pesos para la atención integral a niños menores de 5 años o hasta su ingreso al grado de transición y madres gestantes y lactantes.
De ese monto, fueron adjudicados 77.665 millones de pesos mediante convocatoria a 73 operadores a través de la celebración de 106 contratos de aporte para atender aproximadamente a 27 mil beneficiarios.
La representante legal de la Fundación, es la quinta persona en La Guajira, que será detenida por administrar de manera irregular el dinero que el Icbf adjudicó para alimentar a los más desvalidos de este departamento.
Es de recordar que a finales del año pasado fueron privadas de la libertad cuatro personas vinculadas con los hechos investigados por la Fiscalía, ellas son: María Isbelda Hernández Roys, servidora del Icbf; Yiseth Fince Bravo, contadora de la Fundación Mejor Vivir; Ramiro Lizarazo, encargado de la provisión de refrigerios y mercados; y Robinson Antonio Román Dávila, creador de una empresa fachada.
Se pudo constatar, que varias de ellas hoy gozan del privilegio de casa por cárcel, por considerar que no son un peligro para la sociedad.