El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar ordenó dejar en libertad a dos funcionarios de la Sijín, identificados como Jair Barrios Lache y Jesús David Suárez, señalados por el delito de concusión, en hechos registrados el pasado sábado 15 de junio en una tienda del sector del ‘Boliche’.
De acuerdo a lo manifestado en medio de las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, los servidores públicos, adscritos a la Policía Metropolitana de Valledupar, presuntamente exigieron 10 millones de pesos a dos hombres que se movilizaban en una camioneta para no detenerlos por receptación.
Según lo relatado, los funcionarios junto a las presuntas víctimas, finalmente concretaron una suma de 4 millones de pesos, para evitar problemas legales ya que le manifestaban que el carro marca Toyota, de placas JHK-685, tenía el registro similar a otro.
“Ellos me manifestaron que el vehículo era malo o mello y presentaba alteraciones con las placas falsas”, relató Erwin David Lamadrid, una de víctimas, a través de la diligencia que se cumplió la tarde del jueves 5 de septiembre.
De igual manera, revelaron que, el patrullero Jesús David, quien pertenece a la línea investigativa de hurto de automotores y Jaír Suárez, vinculado a línea contra atracos, habrían acompañado a Lamadrid junto al otro involucrado conocido como ‘Tony’, hasta un cajero ubicado cerca a la Estación de Servicios Aroca, para que retirara dicho dinero.
Posteriormente, le habrían indicado que la exigencia económica era únicamente para negociar su libertad, por lo que procedieron a llevarse el automotor, del cual cuya ubicación hasta la fecha se desconoce.
“Retiramos el dinero por la bomba Aroca, se le hizo la entrega de la plata y se llevaron el vehículo manifestándonos que quedaría en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Valledupar. Sin embargo, días después, me acerqué hasta la zona, pero no estaba el vehículo”, dijo el afectado.
Es de resaltar, que los funcionarios quienes se entregaron de manera voluntaria ante la Unidad de Reacción Inmediata, URI, en compañía de su abogado, no aceptaron los cargos imputados.
Pese a los elementos probatorios, el despacho judicial se abstuvo de “imponer cualquiera de las medidas de aseguramiento que contempla el artículo 307, ordenando la libertad de los ciudadanos” y argumentado que no se cumplen las circunstancias para ordenar cárcel o prisión domiciliaria.
Por su parte, se conoció que la presunta víctima registra más de 15 anotaciones judiciales por estafa, de acuerdo al abogado defensor Carlos Morales, que, entre otras cosas, señaló que los elementos materiales probatorios presentados por el representante de víctimas no demuestran sus responsabilidades y que estos tienen una hoja de vida “impecable”.
Es de aclarar, que a pesar de que los indicados fueron dejados en libertad deberán seguir vinculados al proceso que ahora será resuelto en segunda instancia puesto que la Fiscalía apeló la decisión considerando una medida privativa de la libertad o en su lugar de residencia.
Por: Redacción Judicial.