No es fácil “desentrañar” el acuerdo de cese al fuego con el ELN, relacionado además con el de participación, lo que ha dado pie a lecturas sesgadas que confunden a la sociedad. Por ello el acuerdo obliga al ELN y al gobierno a desarrollar acciones pedagógicas sobre su alcance, lo que ayudaría mucho que los medios se sumaran a esta “pedagogía social”.
Acometo entonces una explicación de estos dos acuerdos. El de cese al fuego tiene tres fases: la primera, del 9 de junio al 5 de julio, es de “Alistamiento” en comunicaciones, protocolos, pedagogía y mecanismo de monitoreo y verificación.
La segunda, del 6 de julio al 2 de agosto, inicia con el cese de “acciones ofensivas”, según el “Protocolo de Acciones Específicas”, que establece lo que se puede y no se puede hacer. En esta fase avanza la pedagogía y se dará un “desescalamiento” de la violencia.
La tercera inicia el 3 de agosto con la implementación plena del cese al fuego, por 180 días prorrogables a partir de evaluaciones periódicas con la información del monitoreo y, sobre todo, de la veeduría social. Desde el 3 de agosto también, el mecanismo de monitoreo y vigilancia denunciará eventuales incumplimientos, o el ciudadano que, gracias a la pedagogía, estará en capacidad de hacerlo.
Aquí se encuentran los dos acuerdos, pues sin cese al fuego y de hostilidades, la participación será instrumentalizada o impedida por el sometimiento a las comunidades derivado de acciones ilícitas, como el secuestro y la extorsión, justificadas por el ELN como fuentes de financiación.
El acuerdo de participación contempla tres fases también; la primera, de hasta seis meses, será de “diseño” del proceso por parte del Comité Nacional de Participación, cuyos 80 miembros de 30 sectores escucharán a las comunidades.
La segunda, de “diagnóstico”, busca establecer las causas de la violencia, a partir del diálogo con actores sociales y la compilación de información de referencia.
La tercera es el proceso de participación como tal; participación masiva y libre de las comunidades y de la sociedad en los territorios, cuyos resultados se consolidan en el plan integral de transformaciones, como entregable del Comité Nacional a la Mesa de Diálogos.
Esta fase final, acompañada de prórrogas sucesivas del cese al fuego, irá hasta mayo de 2025, fecha del malentendido presidencial, que no lo es tanto, pues el Plan Integral de Transformaciones, evaluado por la mesa bipartita, se plasmará en decisiones vinculantes, como insumo para un acuerdo final que, para entonces, estaría cercano.
Así pues, sin cese al fuego y de hostilidades no habrá participación y la construcción “colectiva” de la paz será otra promesa de valor incumplida. Por ello, los acuerdos deben cumplir su finalidad de generar condiciones para que la población ejerza sus derechos y, en últimas, para mejorar la vida de los más vulnerables en los territorios. Que así sea.