Las recientes declaraciones del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, por medio de las cuales prácticamente pone en tela de juicio, y desde el exterior, a la justicia colombiana tienen serias implicaciones políticas y constituyen – quizás- el momento más difícil, hasta ahora, del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón.
Afirmar Uribe Vélez que la justicia colombiana no le ofrece garantías a los funcionarios de su gobierno, es algo que no se lo puede creer nadie al ilustre expresidente, ni dentro ni fuera del país; máxime si se tiene cuenta que, hasta hace escasos cuatro meses, él era el Jefe de ese Estado que hoy considera ilegítimo e instrumento para el abuso de poder.
Esa salida en falso por parte del ex mandatario lo único que confirman es que si estaba detrás de la solicitud de asilo de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, al gobierno de Panamá, como también de iguales diligencias que están realizando otros funcionarios de su gobierno que posiblemente, eso es objeto de investigación por parte de la rama judicial, estaban detrás de las famosas chuzadas que constituyen un verdadero escándalo y un proceso, desde todo punto de vista, reprobable del afamado gobierno anterior.
El daño causado, dentro y fuera del país, a la rama judicial por parte de Uribe Vélez es de marca mayor. Si todo un expresidente de la República afirma que sus funcionarios no tienen garantías, cuando son requeridos por la justicia colombiana, que quedará para el ciudadano de a pie, la persona común y corriente, que tiene que sufrir las demoras y las ineficiencias de esta importante rama del poder público.
De tiempo atrás se sabía del abierto enfrentamiento entre el entonces Presidente y la Corte Suprema de Justicia, producto de lo cual hoy el país no tiene Fiscal General de la Nación y este sólo hecho ha venido afectando la función de la rama judicial. Pero de allí a afirmar que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, ha sido objeto de presiones para sancionar a funcionarios del gobierno de Uribe, como fue el caso del exsecretario de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, hay mucho trecho.
Con toda la razón el Presidente Santos ha salido al quite a las declaraciones de su antecesor y ex jefe, Álvaro Uribe. Nadie puede decir ante un tercer país que aquí no hay garantías suficientes para ser juzgado debidamente. El Presidente Santos ha dicho que el país debe tener plena confianza en la justicia colombiana y que esta brinda las garantías que una buena justicia debe brindar: como son el debido proceso, la igualdad ante la Ley y jueces imparciales que juzguen de acuerdo con los méritos y antecedentes de cada causa.
Las declaraciones de Uribe Vélez, lógicamente, han causado un gran revuelo en el país político, pero también en el exterior, en la medida en que está por medio un caso de asilo y sus afirmaciones las realizó y luego las reiteró, también, en Panamá, a donde viajó a dictar una conferencia.
En opinión del ex Presidente Samper, por ejemplo, por el contrario, es el ex presidente Uribe quien tiene que darle explicaciones al país por todo lo que está pasando con el caso de las chuzadas del DAS, la Dirección General de Estupefacientes y Fondelibertad, entre otras instituciones. De igual tenor fueron las reacciones en las principales fuerzas políticas del país, con asiento en la actualidad en el Congreso de la República.
Ante todo este panorama, hay que reiterar que nada bueno sale de todos estos enfrentamientos y que- por el contrario- es grave, muy grave, el daño que se le hace a la legitimidad y credibilidad de nuestras instituciones democráticas, a la separación y autonomía de los poderes públicos y a la confianza que la ciudadanía debe tener en las mismas. Es el momento para razonar con cabeza fría, hacer las rectificaciones del caso y darle, desde la mismas élites de las cuales hoy se protagoniza este enfrentamiento, un mensaje de tranquilidad y confianza al pueblo de Colombia y a la comunidad internacional sobre la legitimidad de las instituciones de Colombia, y en particular sobre la rama judicial, que a pesar de los problemas que pueda tener sus decisiones deben ser respetadas y acatadas.