*María es una mujer de 72 años. Sus dos hijos mayores salieron para la montaña a comienzos de diciembre del año 2000, arriba de su casa en la Serranía del Perijá, porque después de mucho tiempo esperando se les había presentado una oportunidad de trabajo en una finca.
Se fueron emocionados porque tendrían recursos para celebrar las fiestas de diciembre, junto con su familia. Ese fue el último día que María vio a sus hijos, porque la montaña se los tragó y los nombres de sus hijos entraron a la lista de desaparecidos en el Cesar, en el marco del conflicto armado.
Así como *María, en el departamento del Cesar hay más de tres mil personas que se fueron y nunca más regresaron. Son desaparecidos por culpa del conflicto armado que en esta región dejó mucho dolor, miedo y zozobra.
De acuerdo con los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, el Cesar es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia. Entre 1958 y 2016 se registraron 3.755 casos de desapariciones forzadas; 411 casos de reclutamiento y utilización de menores de 18 años de edad en el conflicto armado; y 2.892 casos de secuestro.
A su vez, se registran 1.278 acciones bélicas, 9.176 asesinatos selectivos, 524 casos de violencia sexual, 1.318 masacres, y en el periodo comprendido entre 1999 y 2005 se observó un incremento de hechos violentos en el departamento.
Son todos estos datos y el impacto que ha causado el conflicto armado en las más de 350 mil víctimas del Cesar, según consta en el Registro Único de la Unidad de Víctimas, lo que ha llevado a que las tres entidades del Sistema Integral para la Paz, SIP, como son la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, realizaron un proceso de diálogo social con diversas organizaciones de la sociedad civil, academia, gremios e instituciones, para hacer un pacto para la búsqueda de las personas desaparecidas y la no repetición de la violencia en el Cesar.
EL PILÓN dialogó con la directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, Luz Marina Monzón, para que explique en qué consiste este Pacto que se firmó en Valledupar con la participación de autoridades locales, departamentales y nacionales.
¿Cómo se construyó este Pacto por la Búsqueda y la No Repetición?
El Pacto se construyó a partir de unas mesas de trabajo, unos encuentros de intercambio entre el Sistema Integral para la Paz con otros actores institucionales y sociales en el territorio, a través de los cuales pudieron identificarse las apuestas de lo que es el significado de pacto; y el pacto es una convocatoria que hace el Sistema Integral a las instituciones, pero también a todos los actores relevantes en el territorio para vincularse activamente, para alcanzar los objetivos de la tarea que tiene el Sistema Integral, pero que repercute en la construcción de paz en el territorio.
Firmaron un Pacto por la Búsqueda y la No Repetición, ¿si cree que un Pacto es suficiente para encontrar a esos desaparecidos y para que el conflicto no se repita?
No. Un pacto no es suficiente, claramente, pero sí una manera de movilizar la conciencia de la sociedad, alrededor de unos hechos que causan de manera permanente sufrimiento, inestabilidad a miles de personas en el país y a miles en este territorio.
Ese dolor que casi siempre vemos como privado, individual, que no tiene que ver nada con nosotros, en realidad no es así; y creo que el Pacto lo que hace es llamar a la consciencia de que esas desapariciones han afectado nuestra vida, así no tengamos familiares desaparecidos, porque las desapariciones que han tenido lugar en el conflicto armado han inhibido las libertades de las sociedades y las comunidades.
¿Qué ha encontrado la UBPD en el Cesar en su despliegue como entidad del Sistema?
Ha encontrado varias cosas: personas que están buscando a sus seres queridos, hemos recibido más de 200 solicitudes de búsqueda, pero, al mismo tiempo, mucho miedo; mucho miedo de verse, de hablar de la desaparición, de visibilizarse socialmente como grupo social que tiene ese propósito y creo que también ha encontrado la unidad una implementación conjunta del Sistema, que ha permitido tener fortalezas, en medio de una tarea bien difícil que es la búsqueda, pero también la construcción de paz en el territorio. Yo destaco mucho la presencia del Sistema en este territorio para poder asumir la tarea que en su conjunto del sistema es la mayor satisfacción de los derechos de las víctimas.
¿En el Cesar hay organizaciones de buscadoras o buscadores de personas desaparecidas y cómo trabajan con la UBPD?
No, no hay organizaciones. Hay una necesidad de poder dar condiciones para esas organizaciones, para que puedan buscar y hacerlo de manera segura, tranquila y con toda la legitimidad que tienen, pero lo que hemos hecho ha sido trabajar con organizaciones del nivel nacional que apoyan algunas de las víctimas, entonces ha sido un fortalecimiento desde otras regiones al trabajo que venimos haciendo con las víctimas.
¿Qué tiene que hacer una familia que tiene un desaparecido en su hogar?
La persona que está buscando a otra que está desaparecida y que haya sido desaparecida en el contexto del conflicto armado y en hechos ocurridos antes del primero de diciembre de 2016, puede aducir a la unidad de distintas maneras: puede llamar por teléfono, mandar un correo electrónico, entregar una carta, puede acudir a la oficina en Valledupar, donde la unidad está compartiendo sede con la Comisión de la verdad, en la carrera 8 número 14-26; todas estas comunicaciones puede hacerlas de manera directa, pero también puede hacerlas de manera indirecta, a través de una organización, de una persona que le esté apoyando; no necesita que sea abogada la persona que ponga en conocimiento la desaparición; puede hacerlo acá, a nivel local, pero también puede hacerlo a través de cualquiera de las oficinas que la unidad tiene en 23 lugares del país.
Puede pedir que su nombre sea guardado bajo confidencialidad, por razones de seguridad o las que considere y la Unidad le garantiza la confidencialidad de la información.
El Cesar es uno de los departamentos con más altas cifras de desaparecidos, pero a la Unidad le han llegado alrededor de 22 solicitudes. ¿No es muy bajo el número de solicitudes ante la alta cifra de desapariciones?
Sin lugar a dudas. Nosotros hemos recibido 223 solicitudes de búsqueda acá en el Cesar. Estamos en este territorio desde 2020 y es muy poco, porque efectivamente desaparecidos forzados, de acuerdo con los registros que hemos consultado del Centro Nacional de Memoria, son 3.755 personas, pero la Unidad busca a todas las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado; es decir, no solamente las desaparecidas forzadamente, sino las reclutadas, secuestradas y quienes participaron en las hostilidades; siempre y cuando la familia no sepa qué pasó con ellos y cuáles son sus paraderos.
Ese número son 7.058 personas acá en el Cesar. Entonces, por supuesto que 223 solicitudes son muy pocas, y yo siento que hace parte de lo que acabamos de hablar: no hay organizaciones de la sociedad civil consolidadas, fuertes, ni siquiera visibles del todo; hay mucho miedo todavía.
¿Podría pensarse que familiares de aquellas personas que hicieron parte de las hostilidades en el conflicto les da miedo ir a buscar a sus familiares?
Claro. Pero esa es la ventaja y la bondad de este mecanismo; o sea, establecer una unidad de carácter humanitario y extrajudicial es una bondad muy grande justamente por lo que estás diciendo, de haber participado en el conflicto, entonces un familiar siempre tiene miedo decir: “es que mi hijo estaba con los paramilitares”, “estaba con os guerrilleros”, o “mi hijo era policía” porque no sabe de pronto que la Unidad tiene un mandato que debe ejercer bajo principios humanitarios de neutralidad; ¿eso qué significa, que independientemente del lugar que haya tenido, a quienes buscamos o quien busca, la Unidad busca.
¿Qué mensaje le envía a la sociedad civil y a las instituciones como directora nacional de la UBPD?
Mi mensaje es que el Estado colombiano tiene una gran oportunidad de saldar una deuda histórica; una deuda histórica que habla de más de 100 mil desaparecidos durante el conflicto armado y por fuera del conflicto armado, que no han sido buscados, que las familias no han recibido respuestas porque los mecanismos, tal como lo dice el decreto que organiza la Unidad, se han mostrado ineficientes: un proceso judicial limita mucho la posibilidad de una búsqueda amplia, pues este mecanismo no le pone ese límite a la búsqueda.
Entonces creo que poder articularnos eficiente, estratégica y generosamente para encontrar a los desaparecidos puede hacer un cambio cualitativo en legitimidad del Estado y en satisfacción de las víctimas.
Por: Redacción EL PILÓN