La Contraloría General de la República identificó 69 alertas en la entrega de raciones de alimentos que hicieron contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a supuestos beneficiarios durante la pandemia del covid-19, en ejecución del Programa de Canastas Nutricionales. Entre estos hallazgos encontró que una mujer en el municipio de Chimichagua aseguró ser la madre de 172 niños y niñas para recibir las ayudas alimenticias.
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La entidad indicó que una vez fue declarada la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Programa Canastas Nutricionales contrató operadores para que suministraran raciones alimentarias en los hogares de los niños y niñas entre cero y cinco años y madres gestantes registradas en el programa.
Desde esa fecha, la Contraloría identificó que diferentes contratistas del ICBF entregaron 28.018 raciones a 15.580 acudientes de menores que fueron reportados como fallecidos por la Registraduría Nacional.
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La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría detectó que de esas 28.018 entregas de raciones a acudientes de menores de edad que aparecen en las bases de datos como fallecidos, 4.548 se realizaron en el departamento de La Guajira en los meses de mayo, junio y julio.
Si se multiplica el número de raciones que se entregaron a estas personas fallecidas por el valor más bajo de una ración, la suma de esta alerta de la DIARI es de $2.241 millones aproximadamente, destacó la Contraloría.