En medio de las tribulaciones del gobierno del presidente Gustavo Petro, y del mismo presidente, mientras buena parte de la opinión escuchaba ávida la audiencia pública de su hijo Nicolás, a instancias de la Fiscalía General de la Nación; ayer se instalaba en Bogotá un evento trascendental, y también estructural, que hay que abonarle a su administración: el Comité de Participación Nacional dentro de los diálogos con el ELN, el inicio efectivo del cese al fuego y hostilidades temporal con esa guerrilla y su monitoreo y verificación por parte de la Organización de Naciones Unidas. De esa verificación se establecerá una sede en Valledupar, de nivel regional, y a nivel local se ubicará además de Valledupar, en los municipios de San Juan del Cesar (Guajira) , Becerril y Aguachica.
El proceso con el ELN en este nuevo gobierno inició en agosto de 2022 cuando Petro levantó las órdenes de captura y los pedidos de extradición contra los jefes negociadores de ese grupo guerrillero. Un avance notorio, al que no le han pasado pocos sobresaltos, entre ellos el del anuncio del presidente en diciembre de que había llegado a un acuerdo de cese de la violencia del ELN el cual fue públicamente desautorizado por dicha organización rebelde.
La decisión de Petro recuperó el hilo negociador que al final de su gobierno tejió el gobierno de Juan Manuel Santos 5 años atrás y que suspendió el gobierno Duque.
El ELN, grupo que, a través del Frente Camilo Torres Restrepo, históricamente ha mantenido su accionar en la serranía del Perijá y en el centro y sur del departamento del Cesar asume ahora una pública responsabilidad con el pueblo cesarense.
Es por ello que ahora desde el Perijá se ha pedido al frente Camilo Torres Restrepo en mensaje llegado a este medio que “responda a las comunidades que desde los territorios tienen la decisión de participar en el proceso, si lo van a permitir sin riesgos para la vida y voz de quienes venimos animando la agenda por la vida, la paz y la democracia en la región”.
Por supuesto lo que se pide en la serranía y en todo el territorio del departamento es que se genere confianza para participar, deliberar, proponer, criticar sin presiones de ningún tipo. Ese temor nace en buena parte no solo de elementos históricos de una violencia que – si bien en algunas bases sociales ha hallado respaldo y justificación de la acción armada – en amplios sectores de la población se ha vivido de cerca manifestada en el atentado contra la estatal Fuerza Pública, la extorsión, el secuestro y la general zozobra.
Con todo, esos esfuerzos por la paz y la reconciliación tienen nuestro total respaldo. Así como exigimos al ELN también pedimos a la sociedad abrirle un espacio de sincero diálogo y a la construcción de un proceso de transformación social. Así este proceso se debe convertir más que un elemento de incertidumbre en una palanca de desarrollo y de inversiones en comunidades marginadas influídas por el dominio territorial armado de los llamados elenos.