La otra semana, luego del periodo de vacaciones que termina con el puente festivo de los Reyes Magos, comienza una dura semana para el Gobierno Nacional que se dará la pelea con los trabajadores del sistema judicial que insisten en continuar con el paro que suma más de setenta días, con los efectos negativos para la justicia colombiana y los millonarios gastos que ha generado (más de cien mil millones de pesos).
Flaco favor para un país que tiene una justicia débil y con tantos peldaños por subir para recuperar los niveles de eficiencia y eficacia de su dinámica frente a los fallos para dirimir los conflictos y litigios generados por los ciudadanos y el Estado.
Y más flaco favor le hacen los funcionarios del Inpec al sumarse con sus pretensiones a los reclamos de Asonal Judicial. La su mayoría de sus pretensiones agravarían en suma la situación penitenciaria y carcelaria, y judicial del país.
El fiscal general Eduardo Montealegre ha dicho que el martes los funcionarios que impidan el acceso a los despachos de la rama serán judicializados hasta por dos delitos, constreñimiento y abuso de autoridad.
Este es un paro ilógico en el que participan de manera activa solo el uno por ciento de los funcionarios judiciales rasos, los cuales impiden que la gran mayoría accedan a sus puestos de trabajo para cumplir eficazmente sus funciones, según cifras del Ministerio de Trabajo, que también dan cuenta que solo el 12 por ciento de los jueces apoyan la protesta.
Es hora de que los miembros de Asonal, que en el caso de Valledupar saben las afectaciones causadas en estos cuatro meses, comiencen a reflexionar y le den paso a la justicia, que ya ni siquiera cojea, sino que esta discapacitada. Mientras que por su parte el Estado consideren las pretensiones hechas por los trabajadores judiciales, qué se les ha concedido y qué hace falta por reconocerle razonablemente en el corto y mediano plazo en concordancia con la capacidad del presupuesto general de la Nación.