Por: José Félix Lafaurie Rivera*
Cientos de miles de colombianos, entre ellos muchos ganaderos, claman por una ayuda para subsistir a los desastres del invierno. A la demanda por una mejor red vial terciaria, que se hiciera al Gobierno por las trochas y barrizales en las que se convirtió esta infraestructura por falta de mantenimiento, se suma el hecho de que muchos productores ya no tienen qué sacar al mercado por efecto del invierno. A la delicada situación de pérdida de vidas humanas se adiciona la de bienes y de miles de animales de toda especie. La comida para los bovinos también se ha estropeado por los potreros anegados y el pisoteo de los animales. Más de la mitad de los municipios de Colombia se encuentran inundados. No es un problema de unos pocos productores, de unos productos o de unas regiones. Es un problema nacional que demanda la aplicación de medidas excepcionales para paliar la situación. Se requiere que el Gobierno se vuelque, en su conjunto, a prestar ayuda, en forma rápida y eficaz, declarando la emergencia económica para el campo.
Para los ganaderos es una tragedia que se agrega a la ya larga lista de infortunios que han afectado la actividad en los últimos años. Arribamos al 32 Congreso Nacional de Ganaderos (Cartagena, 25 y 26 de nov.), en donde discutiremos temas de mayor importancia para el futuro de la ganadería basadas en la necesidad de una transformación productiva, en unas condiciones francamente críticas: altos costos, bajos precios, mercados inciertos y un clima que no cede en favor de los productores colombianos.
Pero también entramos con unas interesantes expectativas y grandes retos, por lo menos en lo que se refiere al derrotero de la política ganadera señalada en los Conpes 3675 (lácteo) y 3676 (política sanitaria y de inocuidad), y a la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio.
Frente a estas situaciones y con base en esos instrumentos y en los que el Gobierno señale en la declaratoria de emergencia, el sector bovino debe reaccionar y recuperarse rápidamente. El boom exportador hacia Venezuela, registrado entre 2004 y 2009, generó una serie de distorsiones de las cuales aún no nos hemos podido recuperar. Los precios del ganado gordo crecieron más allá de lo que realmente era capaz de asimilar el sector; pasaron de $2.300 kilo en pie en enero de 2005 a $3.600 en mayo de 2007, e incluso, alcanzaron a estar al doble de los precios internacionales.
La descolgada de precios, que sólo entre abril y noviembre de este año ha sido del 10%, no se traduce en un menor precio al consumidor. El mercado del ganado en pie y el de la carne tiene una serie de intermediarios informales que impiden que este estímulo natural de mercado se active –a menores precios para el consumidor, mayor demanda de producto–. En el caso de leche, la situación es aún peor. En ambos casos, carne y leche, la estructura de costos se disparó más de lo que podía absorber la ganadería y, en consecuencia, nos quedamos en el peor de los escenarios: altos costos y bajos precios.
Muchas tareas hay por delante. Por un lado, tenemos un tema de formalización muy importante en la comercialización. Por otro, los temas de la industria, que debe aprovechar las estrategias y el entorno actual. Son grandes retos que entraremos a estudiar en el próximo Congreso Nacional de Ganaderos, pero que tendremos que enfrentar en un mejor escenario productivo. Sin un apoyo decidido del Gobierno, para formalizar la comercialización, proveer suplementos alimenticios a los animales, activar el consumo social, no podremos volver a dinamizar la economía ganadera. Se requiere de la declaratoria de la emergencia económica para el campo.