A pesar que muchos alcaldes y gobernadores han tenido excelentes desempeños, desde que se permitió la elección popular de estos en 1988 y 1991, respectivamente, este sistema electoral ha traído más perjuicios que beneficios al desarrollo económico y social de nuestras regiones del país
Previamente a estas reformas constitucionales, los mandatarios municipales eran designados por los gobernadores, quien a su vez, eran escogidos por el Presidente de la República previa acreditación de una hoja de vida intachable, experiencia profesional y vocación de servicio público. De haberse mantenido este sistema de designación de alcaldes y gobernadores con esas aptitudes y competencias, indudablemente Gustavo Petro y el cura Hoyos nunca hubiesen sido alcaldes de Bogotá y Barranquilla respectivamente.
El sistema de elección de alcaldes –sobretodo en ciudades intermedias y pequeños municipios- se ha convertido en un negocio particular. Es bastante sospechoso que en ciudades como Valledupar, Montería e Ibagué, por ejemplo, haya hasta nueve candidatos aspirando a la alcaldía. Mientras en Valledupar hay un candidato por cada 50 mil habitantes, en Bogotá la estadística llega a un aspirante por cada 1.1 millones de personas. Si los vallenatos revisaran juiciosamente la trayectoria profesional y las propuestas de gobierno de esos candidatos, seguramente van a encontrar que más de seis, andan detrás de otros intereses al de prestar un servicio a la ciudad. El sueldo de cuatro años de un alcalde, no alcanza para pagar los gastos de seis meses de campaña.
En la elección de gobernadores, la cosa es más grave. En algunos departamentos han montado unos sofisticados esquemas de carrusel gubernativo financiados con las coimas que le sacan a los millonarios contratos de infraestructura departamental. En algunos departamentos se habla de gastos en campaña que superan los 20 mil millones de pesos. La orden es comprar todas las conciencias ignorantes posibles que les garantice el triunfo de quienes los van a suceder en el cargo. Con las coimas de los cuatro años siguientes, vuelven y repiten el ejercicio. El perfecto concierto para delinquir.
Para que tengan una idea de la gravedad del asunto, durante el periodo 2004-2008, Edgardo Maya Villazón, en ese entonces Procurador General de la Nación, destituyó 428 alcaldes y 29 gobernadores. Por su parte, en los años que lleva Alejandro Ordóñez al frente de la Procuraduría, ha destituido a unos 290 alcaldes y 31 gobernadores, incluyendo al cuestionado e incompetente alcalde de Bogotá.
La elección de alcaldes y gobernadores también trajo como consecuencia la quiebra económica de cientos de municipios y algunos departamentos. Son muy pocos los entes territoriales que no tienen pignorado sus ingresos futuros para obtener créditos con tasas de interés altísimas para financiar obras que dejan sin terminar.
De continuar con este esquema de autonomía política y administrativa, en donde los gobernadores no son ni vasallos ni representantes del Presidente de la República y los alcaldes no lo son de los gobernadores, vamos a terminar en una crisis de gobernabilidad jamás vista en Colombia.
Cuánto dinero no se ahorraría el Estado, si candidatos como Enrique Peñalosa (Bogotá), Alejandro Char (Barranquilla), Juan Carlos Vélez (Medellín), Maurice Armitage (Cali) y Marcos Pineda (Montería) entre otros, fueran nombrados en vez de elegidos. Ojalá algún día el Congreso de la República tome conciencia y corrija el daño tan grande que este sistema de elección de alcaldes y gobernadores le ha ocasionado a las regiones del país.