Cuando el tiempo presagiaba que amainaba el aluvión por el anuncio de las 23 Zonas Verdales y los ocho campamentos, la propuesta de la Fundación Paz y Reconciliación que promueve la asignación de curules en el Congreso de la Republica a las Farc, oscureció el panorama. El argumento del modelo de justicia restaurativa concebido en el proceso de paz en La Habana, no es para afinar propósitos excluyentes ni desfavorables en materia democrática, sería un absurdo, porque concedería reparación política por los hechos lamentables acaecidos entre las décadas del 80 y 90, periodo marcado por el exterminio de cuatro mil militantes de la Unión Patriótica, pero es exigua en términos cuantitativos con las víctimas del Conflicto.
El modelo que incorpora reparación a las víctimas y garantías de no repetición es un imperativo de justicia y un balance adecuado como salvaguardia de derechos y paz duradera, que en vigencia del posconflicto no excluye a los victimarios, por lo tanto, es una condición no una excepción. Aunque también genera controversias es admisible el acuerdo de elegibilidad política, incluso por las limitaciones legales en las que estarían inmersos los responsables de delitos de lesa humanidad. La propuesta de la Fundación Paz y Reconciliación es perniciosa en nada contribuye con los logros alcanzados, al contrario fomenta incredulidad, desconfianza y especulación.
Desde el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el país quedó sumergido en el oscurantismo institucional, abriendo hendijas peligrosas por donde tuvieron cabida todas las expresiones de ilegalidad, recomponer esta situación requiere un modelo democrático coherente con sus instituciones, con fundamento en procesos electorales transparentes, el amparo estricto del cumplimiento de la ley y sin ningún tipo de constreñimiento.
Los Estados edifican su fortaleza amparando los principios de la Democracia, consagrando el prestigio de su institucionalidad y avalando los derechos políticos a través del ejercicio depositario de los ciudadanos como actor directo de la soberanía en los procesos de participación de los asuntos públicos. La democracia es el medio para la autodeterminación individual y colectiva, es la forma en que la sociedad puede coadyuvar en la construcción del Estado, entregarles curules a las Farc por decreto solo serviría para el anecdotario de la historia y en nada para emprender los cambios que el país necesita, lo certifican los asientos otorgados al EPL y al Movimiento Indígena Quintín Lame, durante la asamblea constituyente de 1991.
La terminación y solución de los conflictos no es solo un acto de contrición, ni de pactos, firmas y entrega de armas, también deben tener presente la legislación local e internacional y definir los fundamentos para encarar las complejidades del postconflicto.
Aunque para la mayoría de los colombianos el tema de la justicia transicional resulta ajeno, este conjunto de medidas son definitivas para el éxito o el fracaso del fin del conflicto, la participación política es el espíritu de los acuerdos de paz, pero no debe constituirse en oportunidad para que hombres como alias ‘Popeye’, exlugarteniente de Pablo Escobar, advierta sus planes de aspirar a ser congresista de Colombia, esa intención irrealizable es una burla para la actividad política, asimismo, un jalón de orejas para la dirigencia política y residuo de la connivencia entre el Estado y la ilegalidad.