Entre 1992 y 1993 se produjo el mayor apagón de la historia de Colombia por el fenómeno de El Niño. Situación que conllevó al proceso de reestructuración realizado con las leyes 142 (Ley de Servicios Públicos) y 143 (Ley Eléctrica) de 1994, las cuales definieron el marco regulatorio para establecer las condiciones que permitieran que su desarrollo estuviese determinado bajo la sana competencia. El expresidente Ernesto Samper vendió las electrificadoras de la región caribe a la Houston Industries y a la Electricidad de Caracas. Con esa decisión se creyó que así se arreglaba el problema de corruptela de las electrificadoras, y resultó que la medicina terminó siendo peor que la enfermedad. Electricaribe ha sido uno de los peores ejemplos de la privatización en Colombia.
Pese a los antecedentes sobre la prestación del servicio de energía en la Región Caribe, las diferentes manifestaciones y perturbaciones del orden público y de la iniciativa de la clase política, el ministro Alberto Carrasquilla, hace poco en rueda de prensa, manifestó: “queremos que inviertan y para que inviertan la tarifa va a subir de alguna manera, salvo que el gobierno nacional o departamental o municipal decidan hacer aportes gratuitos”. La expresión subir la tarifa, generó reacción inmediata de los más de 2.5 millones de usuarios de la Región y sirvió para que Electricaribe estuviera nuevamente en escena.
El pasado 12 de junio el expresidente Juan Manuel Santos anunció que a finales de julio del presente año iniciaba el proceso de venta de Electricaribe. El anuncio obedeció a que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó posesión de la compañía, al considerar que se habían materializado dos de las causales previstas para estos efectos en el artículo 59 de la Ley 142 de 1994.
La reiteración de la antipatía que genera el servicio que presta Electricaribe, conjuga una diversidad de elementos, que van desde las pocas inversiones en infraestructura que ha dejado de hacer su propietaria mayoritaria Gas Natural Fenosa y la aplicación regulatoria apropiada.
Electricaribe motiva el debate político, nuestros dirigentes alzan la voz cada vez que aparece en escena. Sin embargo, el problema es recurrente. Por eso, hay que reorientar la estrategia, pensando en el futuro energético del país, por las implicaciones de la demanda millonaria interpuesta por gas natural a Colombia por el caso Electricaribe y por el efecto financiero y estructural del proyecto hidroituango. Según el informe del Índice de Desempeño de la Arquitectura Energética Global 2017, nuestro país es octavo a nivel mundial sin limitación por la falta de dotación de hidrocarburos o condiciones geográficas inadecuadas para la energía hidroeléctrica.
Es tiempo de aprovechar nuestros recursos energéticos, para implementar macro proyectos con fuentes no convencionales de energía. En la Guajira, el sol es abundante como el viento, recursos indispensables para la generación de energía eólica y solar, con viable destino a la red de interconexión nacional. Por supuesto, los costos de estas tecnologías son temerarios en relación con la generación de energía hidráulica, empero, en América Latina, Chile, Argentina, México y Brasil, están incursionado en este tipo de proyectos. En correlación, estudios de Bloomberg, Banco Mundial y del Foro Económico Mundial, coinciden en que los costos de las tecnologías renovables se han desplomado en los últimos años y consideran que esa tendencia será una constante en los próximos años.
Están vigentes los compromisos que asumió el país en COP21 y objetivos de desarrollo sostenible. Contamos con la política nacional de cambio climático y la Ley 1715 de 2014, promovida para el uso de fuentes no convencionales de energía. Mediante estos instrumentos y el análisis del contexto y las tendencias en la materia, es viable el inicio de la transición y diversificación de la matriz energética, para impulsar la economía, desmonopolizar el negocio y garantizar a los colombianos energía segura a bajo costo.
Por Luis Elquis Díaz-@LuchoDiaz12