Pese a que la estructura financiera de Electricaribe responde a características y operaciones de un ente privado, corresponde al Estado la función de coordinar la política de servicios públicos; a nivel local el control y vigilancia es ejercido por la administración municipal y a nivel nacional por la Superintendencia de Servicios Públicos. No obstante, al marco reglamentario y al ordenamiento legal que establece responsabilidad estatal; Electricaribe, continúa su paso leonino en la Costa Atlántica.
El año pasado Juan Manuel Campo, exrepresentante a la Cámara por el departamento del Cesar y el senador Jorge Enrique Robledo, pusieron de presente la problemática en el Congreso de la República, sin embargo, la solución del problema recae en el gobierno nacional. La dirigencia política de la región caribe no puede escatimar esfuerzos para estructurar una política que neutralice las arbitrariedades de Electricaribe, en especial, por lo determinante que fue en la reelección del Presidente Juan Manuel Santos.
En ese orden, la subnormalidad, es una de las líneas de acción, para evitar que los usuarios de la región sigan careciendo del servicio de energía, porque las conexiones son inadecuadas, según Electricaribe, entre 2011 y 2013, hubo 91 ciudadanos electrocutados por mal funcionamiento de las redes. Esta situación denota que la infraestructura con la que se está prestando el servicio es obsoleta, basta con ver los postes y los informes de la Superintendencia de Servicios Públicos: de 786 líneas y circuitos, en 250 no se han realizado inversiones en los últimos 4 años.
Las altas tarifas, es otro aspecto que ha generado paros y manifestaciones ciudadanas, con razón, pues, entre 2006 y 2010, las tarifas de Electricaribe subieron el 12% por encima de la inflación, afectando, desde luego, el estilo y calidad de vida de los usuarios. ¿Defiende la Superintendencia de servicios públicos a los usuarios?
Las cifras son frías y elocuentes, entre los años 1995 y 2012, presentaron las siguientes variaciones: Estrato 1, de 33 a 305 pesos/kilovatio; estrato 2, de 35 a 310 pesos; estrato 3, de 46 a 327 pesos y el estrato 4, de 63 a 325 pesos. (En la Ley 142 del 94, quedó consagrado: “no que habría subsidios, sino que solo “podrá” haberlos para los más pobres. Y se establecieron unas escalas de subsidio para los estratos uno, dos y tres), (En la Costa Atlántica, entre el 2002 y 2009, Electricaribe recibió subsidios por 2,4 billones de pesos y del Programa de Normalización de Redes Electrificas; PRONE, entre el 2004 y el 2013, recibió 318 mil millones de pesos) ¿Por qué no hay reinversión? ¿Cuál es el destino de las utilidades?
El espíritu de la 142 de 1994, condujo a que el negocio de la energía, en otrora prestado por las empresas públicas de la Costa Atlántica, Corelca y otros, quedara centralizada en dos empresas, hoy Electricaribe, la principal, y Energía Social S.A., en las que metieron a los más pobres de los clientes de Electricaribe.
La división en dos empresas encierra un truco financiero y contable, que consiste en dejar el hueso del negocio en Energía Social y trasladar el lomo a Electricaribe, pese a ello, Energía Social en 2012 percibió utilidades netas por 22 mil millones de pesos, en buena medida por cuenta de los subsidios, por lo tanto, son absurdos, los apagones, alzas de tarifas, infraestructura obsoleta y la pésima calidad del servicio. ¿Ha servido el modelo de privatización de los servicios públicos; o el estado ha cohonestado? Espero que los interrogantes planteados sean útiles para los debates anunciados a Electricaribe en el Congreso de la República.
Referencias: Debates en el Congreso de Juan Manuel Campo y Jorge Enrique Robledo.