En estos días en que distraídos nos sorprendemos por los apagones de la vecina Venezuela, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, nos ha recordado, para justificar una sobretasa especial en el Plan Nacional de Desarrollo, el fantasma interno: “si no actuamos se apaga la Costa”.
A los pocos días el gobierno nacional informó un plan de entregar la operación del sistema regional a nuevos operadores.
La historia podría repetirse y esperamos que esta vez para bien. Hace 20 años la antigua Corelca fue reemplazada por Electricaribe y Electrocosta, las que 10 años después, en 2007, se unen en Electricaribe, operación que coincidió con la compra que la española Gas Natural hiciera a la también ibérica Unión Fenosa por 7.600 millones de euros.
Jorge Barrientos, director de economía de la Universidad de Antioquia, escribe que la compradora no se imaginó, en esa compra global, la pesadilla que recibía por tomar los activos colombianos (Electricaribe, la historia de un fracaso social. Portafolio, 6 marzo de 2019).
Sostiene: “Existen factores técnicos, climáticos, políticos, institucionales, idiosincráticos, económicos y regulatorios, lastimosamente no pueden descartarse la corrupción y equivocadas decisiones empresariales, que han hecho que Electricaribe tenga más pérdidas que ganancias y se caracterice por carecer de una adecuada prestación de servicio”. Nosotros recordamos cómo la presión política aceleró en el 2016, en el gobierno Santos (cientos de políticos se eligieron en la Costa criticando a Electricaribe, como lo hizo el exalcalde Ciro Pupo) la intervención de la empresa por la Superintendencia de Servicios Públicos, la defenestración de los dueños, que luego colocaron una demanda millonaria en tribunales internacionales a la Nación. El argumento central fue que si no se hacía era inminente el apagón. Carrasquilla ha considerado esa decisión “apresurada”, no le parece así al exministro Amylkar Acosta que ha lidiado y estudiado el asunto a profundidad.
Ya sabemos que la región es muy pobre, que la gente por el mal servicio no pocas veces se abstuvo de pagar el recibo, que los mismos municipios y sus empresas solían incurrir en ello, que otras veces había el bochornoso robo al que en fraudulentas conexiones acudieron personajes de alto estrato, a que las vías se vinieron bloqueando por las protestas por una interrupción imprevista de mala calidad de las redes o suspensión por no pago de barrios enteros, que el mismo Estado no reembolsaba a la empresa los subsidios de los fondos especiales, que los vientos, las lluvias y la extensión de las redes de transmisión deterioraban la cosa, y que paradójicamente por el desarrollo reciente de la economía de las capitales costeñas, ya no solo por razones climáticas, de pobreza y de medición, el consumo de la energía crecía a tasas del 7% anual por encima de las indicadas en el resto del país. Ahora se propone que el Cesar se acompañe en un raro conjunto con los departamentos al occidente del río Magdalena, de Bolívar, Sucre y Córdoba, para recibir a una nueva empresa, la otra cubrirá los restantes. Pero es la de 28 mil kilómetros de redes, frente a 8 mil de la otra subregión. 1,51 millones de usuarios, 300 mil más que la otra, y aunque ambas tienen igual consumo y aparentemente se exigirá mayor inversión al inversionista operador en nuestro grupo, no está bien que la dirigencia haya mostrado satisfacción sin reparo. Por lo menos debemos advertir que hay que tener los ojos muy abiertos.