Por: Imelda Daza Cotes
El ejercicio de la democracia no puede reducirse a un proceso electoral, pero sin duda, el acto de votar para escoger un presidente tiene gran trascendencia en la vida política de un país, sobre todo cuando el ejecutivo acumula tanto poder como en el caso colombiano.
Además de elecciones y quizás más que eso, la supervivencia y el desarrollo de la democracia requiere de instituciones sólidas, de respeto, defensa y cumplimiento de un Estado de derecho, de prácticas democráticas como la separación y autonomía de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de elecciones libres de coacción, de libertad de expresión y de unos medios de comunicación igualmente libres y autónomos. Estas son condiciones necesarias para el logro del bienestar y de la equidad social, reflejos de un régimen comprometido con la justicia social. Por eso, no se entiende a veces cómo se combinan regímenes electos democráticamente con niveles aberrantes de violencia, de desigualdad social, de pobreza, de corrupción, de discriminación, en fin, de tantos males que afectan a amplias capas de la población. La democracia política tiene que ir de la mano de la democracia económica y social.
La actual campaña electoral en Colombia no es en sí misma garantía de cumplimiento de la democracia porque el proceso está afectado de muchas maneras. Las prácticas electorales corrientes como la compra de voto, la coacción, la manipulación, etc., distorsionan la esencia del sufragio. A esto se ha sumado la propaganda sucia, el afán de enlodar al contendor en vez de contradecirlo. Una campaña electoral compromete cierto rigor ético que quiere decir no defenderse atacando sino argumentando. La disensión, el derecho a oponerse, es esencial en un proceso electoral y es ese el camino hacia el debate político que ayuda a profundizar la democracia. Con este propósito, los candidatos deben exponer abiertamente sus puntos de vista, su proyecto de país, su programa económico y social, y sus opositores tienen todo el derecho a controvertir. Es así como se afirma la legitimidad democrática, ejerciendo el derecho a disentir y disponiendo de libertad al sufragar. Como dijo el senador Jorge Enrique Robledo: “el debate serio y a fondo, debilita la politiquería que reemplaza el análisis social sobre los hechos por los ataques a las personas”. Y como si fuera poco se tiene un Presidente en ejercicio de su mandato que interviene abiertamente en la campaña para ayudar al candidato que sería su continuador.
Hay temas centrales como la violencia, la pobreza, la educación, el empleo, la crisis ambiental, los derechos ciudadanos, que exigen debate libre y amplio. Los electores necesitan conocer qué piensa cada candidato al respecto. El país urge de un proyecto de Paz que construya y no de guerra que destruya. ¿Qué hacer frente al cambio climático? ¿Cómo enfrentar el drama de la pobreza? ¿Cómo atender la demanda educativa sin delegar la responsabilidad en el sector privado que ha hecho de ésta una actividad lucrativa, por lo cual sólo los que disponen de buenos ingresos pueden acceder a una buena educación? ¿Cómo recuperar la legitimidad de las instituciones, extraviada en 8 años de régimen autocrático? Son todas preguntas que los candidatos deberían haber respondido a los electores para ganar su respaldo y su voto.
Extrañamente, son los candidatos menos favorecidos por las encuestas como Gustavo Petro y Jaime Araujo Rentería, los que con más claridad han expuesto sus puntos de vista sobre estos temas y sobre otros de igual importancia como la soberanía nacional, los TLC, las bases militares, la Ley 100, los decretos de la emergencia social, las reformas laborales y la parapolítica.
Los candidatos punteros, si bien parecen diferir en muchos aspectos, no han sido explícitos ni han precisado cómo afrontarán los problemas del país.
De Santos se sabe de sobra que será un continuador de la “obra” uribista y Mockus ha dicho que no tiene ninguna pendencia con Uribe pues tiende a admirar su obra. Ojalá que con el particular estilo de Mockus, una vez elegido presidente no salga con que eso de que admirar quería decir continuar. La sospecha surgió cuando advirtió que su propuesta de paz estaba ligada a la continuación de la guerra. Esperemos que como presidente pueda sortear esto sin pisotear la legalidad y recuperando la institucionalidad. Que no pasemos del despotismo latifundista al despotismo ilustrado.