Transparentes, así debería ser el proceso electoral y las elecciones que el próximo 11 de marzo decidirá quiénes serán los colombianos que integrarán el Congreso de la República en los próximos cuatro años.
Sin embargo, las acciones que se adelantan por parte del Gobierno Nacional y los organismos de control parece que son una manera desesperada para detener y evitar la corrupción, las componendas, la compra de votos, la presión de los jefes a los empleados públicos y todas las demás acciones oscuras que utilizan para alcanzar el poder legislativo.
EL PILÓN tratará en lo posible de informar y formar a los lectores sobre el momento coyuntural que se vive a nivel político, para que elijan mejor, no a los candidatos apoyados y auspiciados por el dinero de la corrupción.
El próximo siete de febrero se instalará la Comisión Nacional de Garantías Electorales, anunciada ayer por el presidente Juan Manuel Santos durante la presentación del ‘Plan Nacional de Garantías Electorales’, para que, según dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera, estas elecciones sean en las que mayor número de colombianos voten.
También activarán un comité de garantías en todos los departamentos, liderado por el Gobierno Nacional, el cual se espera funcione adecuadamente en el Cesar, donde todos los males de la política se viven diariamente.
La Ley de Garantías está vigente para gobernadores y alcaldes y, a partir del 27 de enero, para el Gobierno Nacional, ley que prohíbe contratar directamente, hacer movimientos en la nómina y suscribir convenios interadministrativos, entre otros.
Insistiremos, como lo dijo el ministro Rivera, para que no sea un saludo a la bandera, en mantener a la ciudadanía bien informada, sin sesgos, ni preferencias políticas, cumpliendo con el derecho a la información veraz que necesita la sociedad.
El Centro Integrado de Inteligencia Electoral, las comisiones de garantías electorales, la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, URIEL, para recibir las denuncias las 24 horas, sumados a los 32 fiscales especializados en delitos electorales que acaban de posesionarse, deberán ser prenda de garantía para que estas elecciones a Congreso, las primeras en un escenario de posconflicto, se desarrolle con el mínimo de irregularidades, pedir que sean ciento por ciento transparentes aun es una utopía.