La presidenta del Consejo Nacional Electoral Doris Ruth Méndez, dio fe de los esfuerzos para procurar la tranquilidad en el certamen electoral que se avecina, en especial de los candidatos de la Circunscripción Especial de Paz (víctimas), número 12, del Cesar, La Guajira y el Magdalena.
“Se están ejerciendo todas las medidas de seguridad que se requieren para esta primera elección de la Cámara de Paz y las elecciones ordinarias”, afirmó Méndez.
Contó con el respaldo del Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, quien al decir que “el informe de las fuerzas militares y policiales arroja que en el Cesar hay plenas garantías para los candidatos y las mesas de votación”.
El departamento del Cesar cuenta con un potencial electoral de 868.429 votantes, de los cuales, 437.738 son mujeres y 430.691 hombres. La Registraduría en nuestra geografía instalará 2.551 mesas, en 290 puestos de votación.
Aquello contrasta con la reunión de los altos funcionarios electorales, reportada por EL PILÓN a finales de la semana pasada, en la que en una mesa de trabajo convocada por la Defensoría del Pueblo, seccional Cesar, se reunieron candidatos, entidades de observación nacional e internacional y miembros de la Policía y el Ejército; allí algunos aspirantes pidieron que se aplazaran la elecciones del próximo 13 de marzo, porque según manifestaron, no tienen garantías para este proceso democrático. Pero eso no es posible, las elecciones se harán como se han previsto.
Aunque no hay que desestimar los argumentos como la dificultad de movilización entre departamentos y las carencias de los candidatos con pocos recursos económicos. La cesarense Judith Fonseca lo describió: “Las víctimas de escasos recursos no tenemos para pegar afiches en todas partes, por eso nos toca ir de casa en casa pero cuando llegamos los habitantes nos dicen que les tienen prohibido recibir visitas o hacer reuniones conmigo”.
En la Alerta 004 de 2022, según registramos en nuestras páginas, la Defensoría del Pueblo estableció que Valledupar, Agustín Codazzi, La Paz, Pueblo Bello, El Copey, Curumaní y Pailitas, tienen alto riesgo de que se afecte el proceso electoral. Ya la Misión de Observación Electoral – MOE había señalado además otros, en total 9, por el factor eventual de la violencia. La MOE ha formulado el Mapa de Riesgo Electoral de las elecciones a Congreso de 2022, una iniciativa en la que ha contado con el Instituto Holandés y organizaciones como la UPC y el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar PDPC.
Es evidente que en lo formal se cuenta con el concurso de las autoridades, como las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y las garantías del proceso por parte del Consejo, la Registraduría y los ojos de los órganos de control. Pero eso no garantiza que no asistamos, nuevamente, a la feria de compra de votos directa o disfrazada, la presión indebida ejercida por funcionarios y la exhibición de las maquinarias electorales aceitadas por el dinero de la corrupción.