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Elección de contralores y personeros: Pago de favores políticos

En el municipio de Becerril la universidad encargada de evaluar las hojas de vida y escoger las mejores para que los concejales eligieran al Personero Municipal prefirió declarar el concurso de méritos desierto porque ninguno de los inscritos cumplía con los requisitos. Una decisión acertada, aunque tuvieron una falla al impedir que el actual personero, Juan Manuel Pizarro, también se inscribiera, a pesar que la norma así lo permite.

Ponemos el ejemplo de Becerril para abordar el tema de Valledupar, que tiene visos oscuros que apuntan a que sucederá lo mismo que ocurrió con la elección de Contralor Municipal. Que primarán los amarres políticos, más no la sensatez que deben esgrimir los escogidos por el pueblo en las urnas. Pueden estar muy seguros de su decisión los señores concejales, pero es muy preocupante que al alcalde de la ciudad lo ‘controle’ un amigo.

Si jurídicamente no existe ningún problema, ética y moralmente si es un verdadero problema, incluso una falta de respeto con la comunidad que merece que los representen bien. Así empezaron mal señores concejales.

Lo mismo ocurrió en la Asamblea del Cesar, donde el gerente de campaña del actual gobernador Franco Ovalle, fue elegido el Contralor Departamental. Es obvio que existen componendas políticas y están pagando favores entre amigos. Era preferible declarar desierto el concurso y evaluar nuevamente otras hojas de vida.

Con la elección de Personero de Valledupar, que tiene una tutela y tres impugnaciones a la misma, aun se puede hacer algo. Están a tiempo de tomar decisiones sanas que beneficien a la comunidad y no a unos cuantos políticos que quieren pagar favores con cargos públicos.

Si el mensaje que está enviando el nuevo alcalde de Valledupar, Tuto Uhía, está enfocado a construir una mejor ciudad, con una gestión eficiente y transparente, no pueden ser inferiores los concejales con sus acciones públicas.

Esta es una situación que no solo ocurre en Valledupar, también en otros municipios del Cesar, y cientos más en Colombia. Lo que antes se daba debajo de la mesa, hoy la nueva legislación lo ha hecho visible. En la Personería y en la Contraloría Municipal deben estar profesionales realmente empoderados de las necesidades de la comunidad, que defiendan los intereses colectivos, más no los particulares.

Categories: Editorial
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