Por: Amylkar D. Acosta
Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, por fin el pasado martes el gobierno nacional radicó el proyecto de acto legislativo “por el cual se constituye el Sistema General de Regalías”. A través del mismo se pretende centralizar todos los recursos provenientes de las regalías (tanto las directas como las indirectas) en una sola bolsa, para luego redistribuirlas “con base en los criterios de pobreza, eficiencia, población y equidad regional”. Se trata del denominado con el llamativo rótulo de Fondo de Competitividad Regional, al cual irían a recalar tales recursos una vez sean sustraidos parte de ellos para nutrir el Fondo de Ahorro y Estabilización y el Fondo de Pensiones Territorial, al tiempo que se reserva el 10% de dichos recursos para inverstir en Ciencia, Tecnología e Innovación. De acuerdo con la propuesta del gobierno nacional, el FCR sería la gran sombrilla a cuya sombra estarían otros dos fondos, el Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional.
Vale la pena resaltar que la Nación no aporta un solo peso de su presupuesto al tal FCR, pero será ella quien lo administre “en los términos que defina la Ley a que se refiere el artículo 360” de la Constitución y de contera quedaría claramente establecido que los recursos de este fondo como todos los del Sistema Nacional de Regalías “no harán parte del Presupuesto General de la Nación”. Así las cosas, el Gobierno Central será el gran dispensador de los recursos públicos y los gobernadores y alcaldes los mendicantes. Y para redondear la faena, a posteriori de la expedición del Acto Legislativo in comento se expedirá la Ley que “determinará las condiciones de la distribución de los ingresos provenientes de las regalías y compensaciones, su administración, ejecución, control”. Eso sí, tienen el cuidado de preveer que la expedición de dicha Ley será “por iniciativa del gobierno”, él se guardará la llave maestra.
Se aduce por parte del gobierno que esta reforma al régimen de regalías se funda en cuatro principios fundamentales, a saber: equidad regional, social e intergeneracional; ahorro para el futuro; competitividad regional y buen gobierno. Ya veremos si la susodicha reforma está inspirada en tan loables como plausibles propósitos. “Queremos que los ingresos de nuestro subsuelo, del subsuelo de todos los colombianos, beneficien, como debe ser, a todos los colombianos, incluyendo a las generaciones futuras”, afirmó el presidente de la República Juan Manuel Santos, en la largada de la XXXII Caminata de la Solidaridad el pasado 29 de agosto. En todo caso, aunque el Proyecto de Acto Legislativo de marras sólo contempla dos artículos, debieron tomarse 58 páginas en la exposición de motivos para tratar de demostrar sin éxito que son razones de equidad las que han movido al gobierno a presentar semejante esperpento.
Ya se quejaba el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes en una de sus habituales columnas de prensa, que algunas regiones del país “se benefician desproporcionadamente por un accidente geográfico o geológico: porque hay depósitos de minerales en su territorio que son propiedad de todos los colombianos, pero que usufructúan solamente los que tienen los yacimientos cerca”. Claro, que otras regiones del país distintas a estas usufructúan de otros “accidentes geográficos” tales como la feracidad de sus tierras que han hecho de ellas verdaderos emporios agroindustriales, en otras su topografía ha hecho posible la construcción de enormes represas que alimentan complejos hidroeléctricos de la mayor importancia y así sucesivamente. ¿Qué le vamos a hacer si los hallazgos de minerales e hidrocarburos son un premio que se recibe de la lotería geológica? Es comprensible que cada una de las regiones trate de sacarle partida a sus ventajas comparativas producto de la dotación de la naturaleza, las cuales compensan en alguna medida sus otras carencias. Y a este propósito cabe el viejo adagio que dice “a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga”.
Será por aquello de la “maldición de los recursos naturales” que el mismo Hommes plantea que “las entidades territoriales del área donde se ubican las minas deberían estar al final de la cola de beneficiarios y no de primeras”, es decir en la cola de la cola (¡!), ¿habrase visto? Como diría el poeta, estas son las razones de la sinrazón que mi corazón se resiste a entender.
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