El fallo de la Corte Constitucional declarando inexequible la ley de cadena perpetua (CP) para los violadores sexuales ha suscitado un debate, más emotivo que jurídico, a veces populista y efectista. Por supuesto que es un delito abominable y nadie quisiera que eso le pasara a algún miembro de su familia. Pero la preocupación por la garantía de la salud mental, física y de la dignidad de la niñez debe ser integral, no deteniéndose en la parte punitiva de los hechos que son la consecuencia del desarrollo de un mundo de variables.
El derecho de los niños va mucho más allá de estas circunstancias. Es deber del Estado velar por la seguridad psicosocial de todos los colombianos, yendo a las raíces de los problemas. La sociedad colombiana padece una afectación profunda; según el censo de 2018, el 42 % de los hogares tiene como cabeza de hogar a una mujer y Colombia es el país de América Latina con la mayor tasa de divorcios a pesar de su profundo sentimiento religioso y, curiosamente, Antioquia es líder en este fenómeno.
De esos hogares disfuncionales surgen muchos de los violadores sexuales. Dicen los psicólogos que el violador sexual sufre de conflictos emocionales construidos desde la infancia y puede ser un psicópata o un inmaduro incapaz de controlar sus impulsos. Sostienen que el machismo, un concepto reiterado en la Biblia, es caldo de cultivo para estos comportamientos.
El abuso sexual es uno de los delitos más comunes. Así que no hay que rasgarse las vestiduras, la preocupación también debe darse en las dificultades que viven muchos niños privados de calor familiar y servicios elementales como la salud y la alimentación. En regiones como La Guajira estos indicadores son alarmantes; aquí, entre 2016 y 2019 se registraron 6.308 casos de desnutrición infantil y 304 muertes, amén de los 121 que murieron por enfermedad diarreica aguda, EDA, la mayoría de la población wayuu. En forma simultánea, en ese periodo, según la CGR se robaron USD10 millones.
Veamos un ranking: en una lista de 22 países continentales de América, Colombia ocupa el 13° puesto más alto en desnutrición infantil (menores de 5 años) y 11° en mortalidad infantil (menores de 1 año). En América Latina, la cadena perpetua (CP) solo ocho países la aplican, y en los EE.UU, solo 27 de los 50 estados la tienen en su normatividad jurídica.
Lo que han encontrado los investigadores de este tema es que la CP no ha logrado reducir los índices de reincidencia. Pese a la existencia de la pena máxima de 60 años para violadores, expedida en 2004, entre 2005 y 2018, los abusos sexuales para menores de 14 años pasaron de 3.087 a 19.793; parece que la cárcel no intimida. En 2019 hubo 28.285 denuncias por delitos sexuales contra menores de 14 años de los cuales 14.487 fueron evacuados (51.2 %); de estos, 10.503 (72.5 %) fueron archivados, hubo sentencias en 1.351 casos y solo un condenado (Corporación Excelencia en la Justicia, con datos de la Fiscalía General de la República).
Este es un juego de papeles, eso de la penalización máxima no va más allá de un fuego tropical. Un homenaje póstumo a Gilma Jiménez por su interés por la niñez pero esto no es un incendio, hay que atacar las causas, no los efectos.