Mañana se posesionará como rector de la Universidad Popular del Cesar el abogado y docente vallenato Robert Trinidad Romero Ramírez, designado por el Consejo Superior Universitario (CSU) periodo 2022 – 2026, en momento en que el alma mater vive su peor crisis, con 16 rectores en los últimos 16 años.
Estudiantes y docentes afirman que han sido manejos desatinados del CSU que, en muchas ocasiones han trasgredido el orden institucional para “acomodar” a sus adeptos en la rectoría.
Los 16 rectores han sido Guillermo Botero, Raúl Bermúdez, Raúl Maya, Jesualdo Hernández, César Torres, Enrique Meza, Abdo Barrera, Alexi Vidal, Carlos Oñate, Darling Guevara, Jesús Valencia, Norberto Díaz, Raúl Gutiérrez, José Sierra y, por último, Alberto Cuello.
Lo anterior significa que entre los años 2005 y 2022 la UPC ha tenido 16 rectores, un rector cada año. Lo normal hubiese sido cuatro en 16 años.
Estiman los docentes que la interinidad ha provocado incoherencias entre los mismos directivos y políticos de la región que siempre se han querido apoderar de la administración de la UPC para desarrollar desde allí componendas políticas. Es decir, han faltado políticas públicas para extender tareas conjuntas con la sociedad, estudiantes, egresados y administrativos, para solucionar las problemáticas de la institución universitaria. “Los jefes de los grupos políticos regionales han hecho de todo por apoderarse de la institución y lo están logrando”, dicen los estudiantes.
Otra de las denuncias es que la interinidad ha sido responsabilidad del CSU, porque ha designado de manera irregular a tres rectores titulares y le ha correspondido al Consejo de Estado anular esos nombramientos como ocurrió con los docentes Carlos Oñate, Darling Guevara y Raúl Maya. Este último acaba de ganar un litigio en el mismo Consejo de Estado que lo apartó del cargo y ahora la UPC debe pagarle una millonada.
PÍRRICO PRESUPUESTO
En sus 46 años de funcionamiento (Ley 34 del 19 de noviembre de 1976) la UPC tiene hoy su peor crisis institucional que, según estudiantes y docentes -hoy en cese de actividades-, se deriva de los errores y omisiones de los rectores, con un déficit de casi $20 mil millones y sin un peso para pagar la nómina de más de mil docentes catedráticos, en los próximos meses.
El presupuesto de más de $80 mil millones no alcanza para funcionamiento, pago a los docentes y administrativos, convirtiendo a la UPC (del orden nacional) en la universidad que menos recursos económicos recibe del gobierno. Cada semestre, destinan los recursos de las matrículas de los estudiantes, para funcionamiento, porque sin ese dinero la UPC ya hubiese tenido que cerrar, porque el presupuesto es mínimo, comparado con otras universidades públicas del país.
Docentes y estudiantes culpan a los congresistas locales de no gestionar ante el gobierno mayor rubro presupuestal para el normal funcionamiento de la universidad cesarense en donde cursan su carrera profesional y de posgrado casi 20 mil jóvenes de ambos sexos.
En contraste a lo anterior, el gobierno nacional ha invertido aproximadamente $70 mil millones en la construcción de la Unal y ya están aprobados más de $80 mil millones más para nuevas obras de la sede regional de la Universidad Nacional cerca de Valledupar (con menos de 4 mil estudiantes), que solo cuenta con seis carreras, mientras la UPC tiene más de 20 carreras e igual número de posgrados y el Estado le niega recursos económicos. “La discusión es que el Estado no es equitativo con la UPC”, sostiene el profesor Alfredo Rodríguez, adscrito al Departamento de Pedagogía.
CRISIS TOCÓ FONDO
La interinidad de los rectores ha hecho perder la continuidad de los procesos académicos y el alcance de las metas pertinentes.
Pero, “tanto da la gota en la piedra hasta que le hace un hoyo”. Estalló la crisis hace un mes aproximadamente, por el no pago de las prestaciones a los docentes catedrático y ocasional del semestre 2021 – 2.
Los profesores afectados plantearon un cese de actividades escalonado con el apoyo de los estudiantes y en medio de esa actividad quedaron al descubierto varios problemas, entre ellos que no había plata para cubrir los pagos, dijo el profesor Ricardo Pertúz, del Departamento de Matemáticas.
Pero en medio de tantas noticias malas, el MEN aprobó la acreditación por alta calidad del programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Popular del Cesar, mediante Resolución 003977 del 23 marzo del 2022. Esta conquista ha sido más el fruto y trabajo de los docentes y estudiantes que de los directivos. “Es un trabajo sin el verdadero apoyo institucional, con las manos y el conocimiento”, señaló Mayra Isabel Campo Manjarrez, Licenciada en Lengua Castellana y Comunicación y cofundadora del Codiac.
MATRICULAS CARAS
Se sostiene que la UPC soporta el peso de la desidia estatal a pesar de ser una universidad creada por el Congreso de la República. Desde que fue fundada el gobierno la apartó de sus compromisos. Es decir, que la UPC está funcionado a medias, en la ruina.
Los aportes de la nación corresponden solo al 45 % y las rentas propias son del 53%, lo otro grave es que la burocracia ya tocó fondo, debido a que los rectores encargados han creado nominas paralelas, hasta llegar al extremo que los gastos de funcionamiento están en más del 50 por ciento. Incluso, se cuestiona la llegada de varios funcionarios que han sido nombrados a “dedo” por influencias políticas.
Además, hay 30 docentes provisionales quienes mantienen demandas en el Tribunal Administrativo del Cesar, porque la universidad les paga sus salarios sin tener en cuenta sus títulos, experiencias y logros académicos.
En la actualidad, la UPC se sostiene con las matrículas de los estudiantes, por tal razón cada semestre la matrícula se encarece y se está convirtiendo en inalcanzable para los jóvenes estudiantes, que en su mayoría provienen de los pueblos del Cesar, la Guajira, Magdalena y Bolivar.
Los estudiantes que no son de Valledupar, en un alto porcentaje, aseguran que “a la matricula tan cara de más de un millón de pesos semestral debemos sumarle $600 y $700 mil por el pensionado, mensualmente”.
CESE DE ACTIVIDADES
No hay plata para pagarle a los docentes que no son de planta, es decir a los catedráticos y ocasionales; tampoco se vislumbra solución a la matrícula cero del gobierno, porque los funcionarios encargados de realizar esas transacciones duermen en el olvido.
Tampoco, el alcalde de Valledupar le gira el uno por ciento del presupuesto que, legalmente debería hacerlo cada año y la Gobernación del Cesar les niega agilizar los trámites para las becas de Fedecesar.
Sin rector en propiedad y a cuesta con la crisis administrativa, en donde se denuncia que el rector “no es quien manda, sino lo políticos” los docentes y estudiantes se declararon en asamblea permanente, hasta llegar al paro total. Y, aunque han hecho pagos parciales, aún persisten los problemas no solo de dinero sino locativos como la falta de aires acondicionados, ascensores, baterías sanitarias, elementos varios para laboratorios y libros para la biblioteca.
Con el paro se han visto afectados los docentes por órdenes de servicio y los estudiantes. A cambio, el Consejo Académico aplazó el calendario académico.
El rector titular, Robert Romero, quien se posesiona este martes se reunió recientemente con el Colectivo por la Dignidad Académica, -Codiac- un gremio de estudiantes y docentes y concretó para este miércoles la instalación de una mesa de concertación entre estudiantes, docentes y funcionarios.
“El mayor problema es de plata, que entiendo no la hay en la universidad, pero trabajaremos por conseguir los recursos una vez me posesione”, dijo el rector Romero Ramírez.
Pliego de exigencias
El Codiac presentó un pliego de exigencias en donde se recogen los requerimientos, pliego que tiene tres advertencias: mínima, corto y largo plazo, señala el documento entregado por el docente Malio Fernando Bolívar Palacio.
“Hemos construido colectivamente un pliego que recoge todas nuestras exigencias, con el fin de exponerlas en una mesa de negociación general donde se llegue a acuerdos de cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo por parte de la administración, es por ello que se establece las siguientes exigencias como estrategia de mejoramiento en la Universidad Popular del Cesar”, dijo Bolívar.
PLAZOS MÍNIMOS
Que se efectúe el pago oportuno por concepto de jóvenes investigadores, ya que los proyectos de investigación en los que éstos colaboran afianzan los procesos de acreditación institucional.
Que se pague las prestaciones sociales de los docentes correspondiente a finales del año 2021 y el pago oportuno de la remuneración salarial mensual del 2022.
Arreglo, mantenimiento y funcionamiento de los espacios locativos que tienen incidencia directa con la labor académica.
Congelamiento de la matrícula financiera de todos los programas académicos de pregrado, así mismo la permanencia del costo de las matrículas financieras de los distintos programas.
Garantizar la permanencia, las no sanciones disciplinarias y/o persecución laboral de los docentes que están y estuvieron en el proceso de movilización.
Reajustar las fechas del calendario académico con el fin de permitir el cumplimiento del semestre, flexibilizando las fechas de reporte de notas de primer y segundo corte del semestre 2022-1 en el Vortal (plataforma de la universidad). Así mismo, es necesaria la creación de un comité de veeduría estudiantil que verifique que a ningún estudiante se le haya realizado evaluaciones o exámenes escritos u orales durante el cese de actividades sea escalonado o de asamblea permanente.
Crear alternativas de financiación directa con la universidad que permitan disminuir el monto actual de la matrícula financiera de los estudiantes.
Entendiendo las dificultades que se han presentado en el cobro de política de gratuidad y FEDECESAR (aportes del gobierno departamental) debido a la fallida gestión de esta tarea por parte de la administración, se solicita a la universidad hacerse responsable del costo de la matrícula que pueda generarse en el evento de que el ministerio y la gobernación no giren los recursos.
CORTO PLAZO
Establecer una mesa con el Ministerio de Educación Nacional para exigir el aumento de la financiación de la universidad por ingreso de funcionamiento.
Establecer 2 proyectos de acuerdo en el Consejo Académico: Permitir a los estudiantes poder cancelar las materias aun perdiéndolas (siempre y cuando se demuestren situaciones que justifiquen la situación). Permitir amnistía académica para estudiantes en condiciones de EBRA (PFU) de forma que estos se puedan vincular nuevamente a la universidad en casos donde se justifique.
Construcción de un mecanismo que relacione la contratación docente con el presupuesto, con el fin de no seguir generando un déficit financiero, es decir, que la carga docente esté acorde con las necesidades del servicio.
Garantizar que el comedor universitario funcione con una tarifa diferencial para los usuarios, teniendo en cuenta el nivel socio económico de estos.
Construcción de una mesa que permita generar una propuesta de reforma funcional a la oficina de bienestar.
LARGO PLAZO
Como único punto a largo plazo está: Instaurar un auxilio funerario por parte de la oficina de bienestar para las familias de los profesores y estudiantes que fallecieron en el ejercicio académico, concluyente el documento.
POR AQUILINO COTES ZULETA/ESPECIAL PARA EL PILÓN