El escándalo publicitario por el llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, de la Corte Suprema de Justicia, por los presuntos delitos de Falsedad Procesal y Soborno, es sin lugar a dudas, y guardando las proporciones, el episodio de nuestra realidad doméstica, más parecido al Watergate, ocurrido en los EE.UU hace cinco décadas, con la diferencia de que Nixon estaba ejerciendo la Presidencia, en tanto que Uribe, la ejerció entre 2002 y 2010, ostentando actualmente su investidura de congresista para el período comprendido entre 2018 y 2022.
Se enfrenta el senador, en caso de resultar vencido en el juicio que se le sigue actualmente, a penas privativas de la libertad desde los seis a los doce años, previstas para cada una de las conductas que se le imputan, además de las multas que contemplan cada una un máximo de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y en el caso de haber condena por el delito de fraude procesal, podría imponérsele como pena accesoria la inhabilidad para ejercer cargo público de cinco a ocho años.
La defensa del expresidente anuncia que recusará a los magistrados que instruyen el proceso por imparcialidad, esto suspendería de inmediato los términos, mientras que los recusados (Fernando Castro, Luis Antonio Hernández, José Luis Barceló y la magistrada auxiliar Sandra Yepes), deciden si son fundados o no, los argumentos que motivan la recusación. De considerarlas infundadas, el resto de la Sala decidirá sobre su viabilidad jurídica.
Ahora bien, no deja de ser preocupante que este asunto judicial tan delicado, se haya mediatizado, convirtiéndose en un rifirrafe publicitario, que atenta contra el normal funcionamiento del aparato jurisdiccional. La administración de justicia de ningún país medianamente civilizado, puede prestarse para estos espectáculos mediáticos.
Se espera pues, que el juicio que se sigue contra el senador Uribe, este revestido de todas las garantías constitucionales y legales, y que se emita un veredicto imparcial y transparente, que tenga plena correspondencia con la realidad procesal, donde cada prueba sea ponderada con total objetividad y donde se respete el debido proceso previsto en nuestra Carta Política.
Termino con una frase del profesor italiano Enrico Ferri: “Cuando los detenidos y procesados no son respetados, cuando hay amplias zonas de la actividad pública a las que injustificadamente no llegan los recursos jurídicos, cuando el poder público se inmiscuye bajo formas diferentes en la actuación de los Tribunales(…) puede decirse que no existe en modo alguno Estado de Derecho”.
Por: Dario Arregoces