Definitivamente, Colombia es un país muy particular. Donde las noticias se producen, cambian y se desvanecen en los medios, en cuestión de minutos. Apenas se reponía el país de la noticia sobre las supuestas presiones de Estados Unidos a las altas cortes, con el tema de las visas de algunos magistrados, lo que se consideró una presión indebida, se produce otro hecho extraordinario y es que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decide acusar al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, y vincula al mismo proceso al exfiscal Eduardo Montealegre y al exvicefiscal Jorge Perdomo, por estar, supuestamente, vinculados a lo que ha llamado el Cartel de la Toga.
Y a las pocas horas, la Justicia Especial para la Paz informa que no se extradita al señor Jesús Santrich, exguerrillero de las Farc y que – por el contrario- debe quedar en libertad, ante lo cual e inmediatamente se conoce la renuncia del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, y de su vicefiscal. Pero el fiscal sale invitando a la ciudadanía a protestar sobre la evolución de los acuerdos de paz y las decisiones de la Justicia Especial para la Paz, generando una sensación de crisis institucional que hace rato no se conocía.
La noticia de la salida del fiscal general hay que verla en el contexto de una crisis general y profunda de la Rama Judicial, cuando la credibilidad de la Justicia y las altas cortes está por el suelo, no solo por lo del llamado Cartel de la Toga, es decir, toda una serie de maniobras como el tráfico de influencias, los sobornos y todo suerte de intrigas para influir en importantes procesos contra dirigentes políticos de los partidos liberal y conservador, en los máximos tribunales de la justicia del país.
Esta el caso de los escándalos de Odebrecht, ya que el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira había conocido de varios hechos de soborno y corrupción, en los que había participado la multinacional brasilera, con importantes obras en Colombia, y socia de empresas del Grupo Aval, del Grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, grupo empresarial al que había asesorado Néstor Humberto Martínez Neira. También había sido apoderado de Carlos Mattos, en la polémica de este empresario con la una importante fabricante de vehículos.
Todos estos hechos fueron afectando la credibilidad de Néstor Humberto Martínez al frente de la Fiscalía General de la Nación, a tal punto que fue necesario nombrar un fiscal Ad Hoc, sobre los temas de Odebrecht, que llevó a la cárcel a varios exdirectivos de la Agencia Nacional de Infraestructura y a la tumba, inclusive, a exfuncionarios del Grupo Aval.
El país conoció la posición del fiscal general sobre el proceso de paz con las Farc, y en particular sobre las objeciones que el presidente Iván Duque había presentado a la Ley Estatutaria de la JEP. Martínez Neira había expresado varias reservas sobre esa Justicia Especial e inclusive, en persona, presentó las denuncias contra Santrich por un posible caso de narcotráfico y lavado de activos.
La renuncia del fiscal general plantea muchos interrogantes sobre la elección de quien debe ejercer ese cargo, uno de los más importantes del Estado y en particular de la administración de Justicia, creado en la Constitución de 1991, pero que nunca ha dejado de estar en el ojo del huracán con acusaciones de todo tipo por su permeabilidad a actores ilegales y a prácticas nada santas en el cumplimiento de su misión.
Lo mínimo que espera el país es que el sucesor de Martínez Neira, además de ser un profesional del derecho, preferiblemente penalista, sea una persona que pueda demostrar que no tiene intereses creados, ni relación con los grandes grupos económicos y mucho menos haya sido asesor de tantos personajes que, quizás, mientras han pasado como ciudadanos de bien no son más que verdaderos delincuentes de cuello blanco.