Desilusiona saber que el esfuerzo que han hecho los residentes, artistas, y amigos del Centro Histórico de Valledupar no ha tenido mayor receptividad por parte de nuestro Tribunal Contencioso-Administrativo, que después de proferir una sentencia el 29 de abril de 2016, confirmada por el Consejo de Estado, ha dilatado una justa y necesaria intervención judicial para hacerse respetar y respetar a la ciudadanía de Valledupar.
Se le ha requerido, es de conocimiento público, desde julio, ¡hace un año! Ha sido abordado el asunto por la radio, la televisión, la prensa local y las redes sociales, que esos derechos colectivos deben ser amparados y hay que hacerlos respetar y no hay poder humano que haga conmover a ese impertérrito tribunal.
Se ha pedido, a través de la respetada magistrada Doris Pinzón, que se pronuncie y un año después se justifica, ahora por la covid-19. Tan distinto a lo sucedido en otras latitudes como lo hizo la magistrada del Tribunal de Cundinamarca Nelly Villamizar, que le puso compromiso a las entidades a cargo de la contaminación del río Bogotá, y no dejó que el bien común fuese pisoteado en el ardid de la burocracia de ‘pasarse la bola’ trasladando culpas, mientras se carcomía la salud, el medio ambiente y el paisaje.
En la tarea de investigar nos topamos con que Aviva lo reiteró el pasado 10 de marzo dentro del radicado 200013331004201100432, con ocasión del mencionado auto del Tribunal del día 5 en el que da traslado de las justificaciones de las entidades. Mientras tanto se ha consolidado una estación de gasolina en el centro y en las obras contratadas por la alcaldía y el Siva que avanzan no se previó ni se ajustó el obligado soterramiento de las redes, establecidas en el PEMP y en la misma sentencia, como sostiene Aviva “… los llamados a dar cumplimiento a la salvaguarda del Centro Histórico de Valledupar (Alcalde Municipal, Concejo Municipal, Consejo Patrimonial del Cesar, Gobernaciónn del Cesar, etc) a través del comité de cumplimiento no han tomado decisión alguna, ni siquiera propuestas dentro de las sesiones del comité, que pudieran catalogarse de cumplimiento o de ánimo de cumplir (…) las obras que se adelantan actualmente dentro de la Zona de influencia, no cumplen con lo señalado en la Resolución 3722 del 2014, proferida por el Ministerio de Cultura, veamos: la Alcaldía de Valledupar suscribió un contrato para la reposición y ampliación de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial del Centro Histórico de la Ciudad de Valledupar; hasta aquí loable la actuación, pero dentro del mismo no se incluyó el soterramiento de todo el cableado de los demás servicios públicos del sector tal y como lo determina el artículo 22 de la Resolución 3722 del 27 de noviembre de 2014”
Todo parece indicar que los trabajos continuarán, que en el Centro permanecerán los cables a la vista de peatones y visitantes. Que lo que se hubiera podido ajustar ya será difícil hacerlo, que la loable obra transformará para bien el centro pero quedaremos con la amargura de no haberlo hecho mucho mejor. Esperemos que los $1.300 millones para el cableado de alumbrado público y el compromiso de EPM, sirvan de ejemplo para las otras empresas involucradas en el proceso.