El presidente Juan Manuel Santos quema su último cartucho a favor de la paz en vísperas de su salida de la Casa de Nariño. Ayer sancionó la ley que permite el sometimiento ante la justicia a los grupos delictivos armados organizados, lo cual permitirá que avance el acercamiento de estos con el Gobierno Nacional y luego una judicialización ante Fiscalía y ante los jueces.
Seguramente este proceso, que permitirá a los miembros de bandas criminales tener condiciones especiales de reclusión y rebajas de hasta de la mitad de la pena, si se cumplen los compromisos del sometimiento colectivo, tendrá traspiés como los procesos de paz con las FARC y el ELN, con la claridad de que a estos grupos de crimen organizado no se les dará reconocimiento político o aplicación de mecanismos de justicia transicional.
Esta ley es un instrumento complementario para facilitar la implementación del acuerdo final de paz, suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, y el desarrollo del posconflicto. Podría ayudar a frenar el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos, teniendo en cuenta que la mayoría de crímenes son atribuidos a las bacrim.
Los abanderados de este sometimiento son algunos miembros del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales armadas más grandes del país, antes conocida como ‘Los Urabeños’, que a través de sus abogados ya han tenido conversaciones con el Gobierno.
En el Cesar ese grupo opera con la subestructura Diomedes Dionisio Ortega Ramos que hace parte de la estructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo, con presencia en Tamalameque, Chimichagua, Astrea, Pailitas y Curumaní, municipios que hacen parte del corredor de movilidad para sacar la droga del sur de Bolívar hacia los puertos marítimos de la región Caribe.
Policía, Ejército y Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo han establecido que el narcotráfico es el principal negocio del Clan del Golfo, por lo que tiene fuerte injerencia en territorio cesarense, a través de la subcontratación de grupos delincuenciales para determinadas acciones que garanticen la seguridad de sus rutas hacia el Magdalena, Bolívar y La Guajira.
De igual forma, se establece que esa presencia desencadena en extorsiones y homicidios por parte de las subestructuras a su servicio, por lo que se espera que un sometimiento de la organización ayudaría a mejorar la seguridad ciudadana.
Sin embargo, hay otra estructura de grupo armado ilegal en el Cesar, el frente Elisenio Torres Villalba del EPL, que se creó a partir de un desdoblamiento del frente Libardo Mora Toro en el Catatumbo, con injerencia en límites Santander y Cesar, en este último con presencia en los municipios de Pelaya, Curumaní, Pailitas y Chimichagua, a través de la Serranía del Perijá como corredor de movilidad para el narcotráfico.
Con el EPL hay una disyuntiva ante la falta de precisión sobre si es un grupo criminal o insurgente, una situación que debe definir el Gobierno para avanzar en el desmantelamiento de esta y otras estructuras delincuenciales armadas organizadas.
Con este tercer proyecto de paz, Santos le deja grandes retos al nuevo presidente Iván Duque Márquez, quien ha mostrado fuertes reparos a la implementación del acuerdo logrado con las FARC, también a lo que se está negociando con el ELN en Quito, pero en campaña sí mostró disposición de avanzar en el sometimiento de las bacrim.