Cumplidos los debates en la Asamblea del Cesar, las serias inconsistencias legales y de conveniencia en la ejecución de los contratos del Estadio de Fútbol de Valledupar, de la vía el Zanjón-Pueblo Bello y de la sede caribe de la Universidad Nacional, rompieron el preconcebido libreto de los diputados citantes.
De nada sirvió que le endilgaran la exclusiva responsabilidad a contratistas e interventorías o que distrajeran la atención hacia el origen de los profesionales y obreros, echándole la culpa a quien no la tiene para absolver a la supervisión de la administración departamental, que dicho sea de paso debe velar por la correcta ejecución de los contratos o llamar en garantías a las aseguradoras, quienes eluden su responsabilidad ante la negligencia oficial.
A los honorables diputados les pasó como a Pandora cuando abrió la caja que le regaló de matrimonio Zeus, sin quererlo destaparon la miscelánea de irregularidades que acabaron con la ‘luna de miel’ tácitamente pactada entre el gobierno departamental y la anestesiada opinión pública.
Las voces discordantes brotaron sin control. El diputado Julio Casadiegos reveló que Odeka SAS, propietaria del 45% del Consorcio Pueblo Bello, es el mismo Consorcio Suárez y Silva, dueño del 50% de la firma que con la irregular compra de ambulancias participó en el carrusel de la contratación de Bogotá, razón por la cual el ex secretario de salud Héctor Zambrano y varios concejales tienen medida de aseguramiento. Igualmente la voz de las veedurías fue escuchada por el senador Iván Cepeda, quien notificó a la Contraloría General de la República. Esperemos resultados.
Y así como la primera mujer creada por Hefesto cerró de inmediato pero tardíamente la caja, las dominantes mayorías de la Duma eluden el debate promovido por el diputado Carlos Daniel Rocha al Acueducto Regional que beneficia a Caracolí, Los Venados, El Perro, Guaymaral y El Vallito; ‘bautizado’ en su momento como Acueducto Regional Quintín Quintero por el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, al tiempo que prometía erradicar la Ley Totuma. Esta promesa también debe ser evaluada.
Los cesarenses queremos saber, ¿Quién es realmente el contratista?, ¿Qué se hizo el anticipo de los 9.300 millones de pesos que vale el contrato, incluyendo interventoría?, ¿Por qué cinco días antes de vencerse los ocho meses del plazo inicial de ejecución o sea el 5 de junio del 2014, se suspendió la obra con apenas un 58% de avance de obra y a la fecha no se ha reiniciado oficialmente?, ¿Será que están dando tiempo a que la ejecución avance?, ¿Será que la exclusión de las veredas Las Mercedes en Caracolí y Sabanita en Los Venados se da en contraprestación al reajuste de precios por atraso de la obra?
Respuestas que deben propiciar los diputados porque al final en la caja que abrieron solo quedó la esperanza de un pueblo, abriéndose espacio entre ponderadas ‘primeras piedras’ y pomposas vallas publicitarias que no pasan de ser un frívolo elemento decorativo en cada obra inconclusa. Fijen fecha y demuestren que sus debates no son un sofisma de distracción.
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@antoniomariaA