Es todo un “señor”, decían los abuelos, cuando se referían a una persona decente, honorable; antes de que fuera más importante ser “doctor” a toda costa. Como un “señor” actuó Óscar Iván Zuluaga al aplazar su precandidatura hasta tanto no se esclarezcan los interrogantes sobre pagos de Odebrecht a Duda Mendonça en 2014. Y aunque los medios ya lo sacaron de la contienda, aplazar significa en el diccionario “retrasar el momento de realizar algo”.
“Al perro no lo capan dos veces” es otra joya de nuestro refranero. En enero de 2017, la justicia produjo una sentencia amarga desde la perspectiva de lo que pudo haber sido y no fue: cerró el proceso abierto en plena campaña de 2014 contra Óscar Iván por el caso del hacker, “frente a la inexistencia de motivos o circunstancias fácticas que permitan siquiera inferir en forma razonable que el actuar de Zuluaga pueda revestir en la característica de delito”. El país conoce lo que no debió haber sido y sí fue: el presidente fue reelegido, pero hoy nadie duda del castigo de los colombianos en las urnas a quien había ganado la primera vuelta, mientras la justicia demora la investigación sobre infiltración criminal a la campaña.
Óscar Iván no renunció, solo “aplazó” su candidatura hasta que la justicia produzca resultados. Para bien del país, la Fiscalía está recuperando neutralidad y eficacia, porque las instituciones son reflejo de quien las dirige. Pero en esta ocasión es muy necesaria la prontitud. No podría suceder que, otra vez, después del 7 de agosto de 2018, la justicia exonere a la campaña de OIZ frente a las acciones ilegales y unilaterales de Odebrecht para influir sobre el poder en Colombia, dejando la sensación de que le robaron una segunda presidencia, y discúlpenme la crudeza del término.
El fiscal debe esclarecer con prontitud los interrogantes sobre Odebrecht en los pagos a Duda, porque habrá presiones interesadas en dilatar el proceso, pues una exoneración produciría hoy el efecto contrario al de 2014, y catapultaría a Oscar Iván a la Presidencia.
La justicia americana estableció que, durante el Gobierno Uribe, Odebrecht pagó 6,5 millones de dólares en sobornos, y se sabe que García se los embolsilló todos. Estableció también que durante el gobierno Santos pagaron 4,5 millones, que están todavía embolatados, mientras el Gobierno afirma que el trayecto Ocaña–Gamarra fue un excelente negocio. ¿Para quién? ¿Para Otto, para el puerto Parody, para la campaña reeleccionista?
Ahora aparecen una encuesta secreta de ¡un millón de dólares! para la última campaña y 400.000 para afiches en 2010. ¿Desde entonces fueron penetradas las campañas de Santos? Óscar Iván respondió con señorío, ¿cómo debería responder el presidente, que no sea señalando a los medios de “imprudencia” y “frenesí acusatorio”? ¿Censura, o falta de señorío? Juzguen ustedes.
@jflafaurie