Según un reciente informe del periódico El Espectador, varias familias saben que los despojos corporales de sus parientes, ejecutados extrajudicialmente, están en el cementerio “Jardines del Ecce Homo” de Valledupar. Exactamente, en la fosa común número 7, ubicada en la parte posterior izquierda del cementerio, donde depositaron entre 400 y 500 restos óseos sin ninguna identificación, versión radicada por la Fiscalía en 2016 ante el Tribunal Superior de Valledupar, advirtiendo que la falta de identidad no permite definir cuáles despojos mortales corresponden a posibles víctimas de falsos positivos.
Tal exterminio conocido como falsos positivos, es una barbarie tan repudiable como la perpetrada por Adolf Hitler contra los judíos y minusválidos en Alemania. Ambos actos son abominables e inaceptables en cualquier civilización del mundo terráqueo.
Los falsos positivos acontecidos en Colombia, se los endilgan a Álvaro Uribe Vélez, muchos de sus opositores políticos, en razón a que estas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas durante sus periodos gubernativos con la intención de erradicar las huestes guerrilleras que pretendían tomarse el poder con las armas. Sin duda alguna, este es un sambenito que cargará por siempre, ya que quedará inscripto, no solo en la historia de nuestro país sino en la universal.
En muchas ocasiones he censurado a Álvaro Uribe Vélez, pero ha sido en lo pertinente a la Ley 100 de 1993, que rige el sistema de salud colombiano, cuyo modelo económico, el expresidente y senador ha defendido con suma vehemencia, ignorando que el modelo neoliberal riñe con los principios sublimes y loables de la controvertida ley, que favorece a los empresarios dedicados a la atención de la salud, quienes muy a menudo maltratan a los usuarios; es decir, a los enfermos más pobres que carecen de influencias o recomendaciones.
Nunca he afirmado que, Álvaro Uribe Vélez, fue el determinador de los falsos positivos, porque no me consta y, además, por tan horrendos delitos de guerra y lesa humanidad, tampoco ha sido condenado por los jueces del país ni por ninguno de las instancias internacionales competentes.
Lo que se puede afirmar, debido a que en nuestro país ocurre con mucha frecuencia, es que en las circunstancias donde la gente pueda sacar beneficio económico, se requiere cautela extrema, lo contrario podría ser causante de un enorme desbarajuste.
Ya puse el ejemplo de la Ley 100 de 1993, por la cual la mayoría de los actores de nuestro sistema de salud han criticado al expresidente senador que, posiblemente, no tendría la voluntad de perjudicar a los pacientes. Asimismo, pudo suceder con las medidas de la Seguridad Democrática, en la cual ofreció recompensas a los altos miembros de la fuerza pública con poco control, esto en nuestro país es demasiado peligroso, porque se cometen disparates por provecho personal.
Entonces, en vista de que al supuesto determinador de los falsos positivos no se le ha comprobado ninguna complicidad, mientras no sea condenado por las autoridades hay que concederle el principio de presunción de inocencia establecido en nuestra Constitución Política.