Por: Indalecio Dangond Baquero
El pasado 23 de agosto, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario aprobó la obligatoriedad de tomar una póliza de seguros contra riesgos climáticos y biológicos a todo agricultor que vaya a financiar su cultivo de ciclo corto o que vaya a sembrar o renovar su café. Es decir, que el que no tenga el contrato de la póliza, no podrá acceder a un crédito línea Finagro.
Esta medida tomada por el Ministerio de Agricultura, es buena siempre y cuando las compañías de seguros tengan la capacidad de asegurar las 1.5 millones de hectáreas que se cosechan anualmente de cultivos de ciclo corto. De no ser así, esta decisión traerá como consecuencia una parálisis en el crédito y la producción agropecuaria.
Varias veces he sugerido al ministro de agricultura, sobre la necesidad de crear una entidad administradora de los seguros agrarios en Colombia, bajo la forma jurídica de sociedad anónima, que agrupe a las compañías de seguros privadas, para que participen bajo un modelo de Coaseguro en la cobertura de los riesgos.
Se trata de hacer frente a riesgos que por su intensidad, extensión, frecuencia absolutamente aleatoria y costo económico, son prácticamente inasumibles por cualquier aseguradora, actuando de forma aislada e individualmente. Pero es que la forma de Sociedad Anónima, con un capital social determinado, permite utilizar la fórmula de escoger la “porción” de riesgo que cada aseguradora quiere asumir dentro del cuadro de coaseguro, en función de su propia política aseguradora. Es decir, puede decidir no tomar más de un determinado porcentaje, porque sus actividades aseguradoras van por otro camino, pero necesita estar presente en el sector agrario para poder vender otro tipo de coberturas relacionadas como responsabilidad civil, tractores, vida, etc.
Al obrar de esta manera, se está ensanchando de una forma muy notable la capacidad de asunción de riesgo, pues se está sumándola capacidad de asunción de riesgo de todas las aseguradoras adheridas al sistema. Ellas aportan toda su capacidad financiera para asumir riesgos muy peligrosos, pero lo hacen en porcentajes perfectamente soportables para cada una de ellas individualmente consideradas.
Aparte de lo anterior está la “economía de escala” que se consigue teniendo un único gestor para el mismo tipo de riesgo. La experiencia en otros países muestra que se puede gestionar todo el sistema con solo el 5% de las primas, algo que es absolutamente impensable para una aseguradora aislada. Y con ese presupuesto se puede además, financiar estudios e investigación relacionada con el comportamiento de los cultivos o los métodos y técnicas de tasación, que permita a los peritos actuar, de forma ajustada a la realidad científica del daño producido.
Pero ¿Cuáles son las ventajas para el Gobierno? Aunque ya lo he dicho en anteriores escritos, me permito recordarle al ministro, que el Gobierno se coloca en una posición muy favorable para establecer “a priori” el presupuesto necesario para ayudar al desarrollo de su política de distribuir ayudas para hacer frente a las catástrofes que pueden abatirse sobre la actividad agropecuaria. A partir de ese momento debería de dejar de pagar ayudas “extraordinarias” a los productores, si estos han tenido la posibilidad de comprar un seguro subvencionado.
Ministro, con el programa DRE y alivio de ola invernal lleva siete resoluciones de modificaciones a las condiciones de acceso de estos subsidios y 17 modificaciones al manual de crédito de Finagro. Dios quiera, que no le pase lo mismo con el seguro agrario.
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