Hace algunos días se pusieron en ejecución las disposiciones que sobre el transporte de pasajeros en motocicletas implementó la administración municipal de Valledupar y a pesar de los esporádicos disturbios, que solo lograron develar una vez más la obligatoria urgencia de esas restricciones, las medidas alcanzaron una aceptación casi generalizada en la sociedad vallenata.
Tanto que los niveles de aceptación del alcalde parecen reaccionar a su favor, parecido a cuando logró liquidar unilateralmente el contrato de las leoninas concesiones que hipotecaban las finanzas de Valledupar, por lo que debiera aprovechar la favorabilidad del momento para consolidar frente a la opinión pública una dinámica administrativa eficiente y eficaz en la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo, que en últimas debiera ser la inspiración de las decisiones de los mandatarios.
Comenzando por liderar un programa serio de reconversión laboral para los que dependían de una motocicleta para conseguir su sustento diario. Porque tal como se están implementando las nuevas rutas de buses para que los usuarios puedan llegar a sus destinos solo con las limitaciones propias del transporte colectivo de cualquier ciudad, también los ‘mototaxistas’ deben ser prioridad en los diferentes programas sociales que ejecuta el municipio, para que el Decreto 396 del 29 de diciembre del 2014 no se convierta en letra muerta por inequidad con sus actores.
Es así que el censo de ‘mototaxistas’ debe servir como base de datos y criterio de focalización para escoger a los beneficiarios de las viviendas gratis que entregará el alcalde Fredys Miguel Socarrás Reales, hasta completar la meta de 15 mil al final de su gobierno. Igualmente los casi cuatro mil millones que anuncian para programas sociales y las inversiones del Departamento para la Prosperidad Social tendrán que priorizarse como apoyo a una población perturbada en algunos casos por factores de violencia, por lo que su atención repercutirá favorablemente en la seguridad de la ciudad.
Entonces si se quiere terminar gozando de altos niveles de favorabilidad, el reto del alcalde serán las políticas de inclusión social, donde cada habitante sienta que de alguna manera llega a su casa la mano del Estado. Por eso la ‘revolución de las pequeñas cosas’ que terminan siendo grandes no se hace esperar. Es hora de atender a los ‘mototaxistas’ que faciliten la convivencia entre vallenatos o de pavimentar los ‘ajedreces’ en los barrios populares que mejorarán el entorno del sector o de construir los acueductos rurales que indefectiblemente impactarán los programas de promoción de la salud que tienen que ver con la potabilización del agua.
Es decir, que las potencialidades de tardío reconocimiento como lo es la responsabilidad administrativa y valentía política que tuvo el alcalde para acogerse a la Ley 550 de 1999 o la reducción significativa del analfabetismo certificada por autoridades nacionales, solo superarán la incomodidad del escrutinio general si hace partícipe y beneficiario a cada vallenato en las decisiones gubernamentales; eso se llama gobernabilidad y es la única forma de que el desarrollo de un pueblo vaya de la mano del éxito del mandatario.