Es bien sabido que las principales fuentes de financiación de los departamentos y municipios son los ingresos corrientes de libre destinación, las regalías y las transferencias de la Nación a través del Sistema General de Participaciones, SGP, creado por la Constituyente de 1991 vino a sustituir al Situado fiscal creado en la administración del expresidente Carlos Lleras Restrepo. El mismo, que representa en promedio el 47 % de los ingresos de las entidades territoriales.
Como lo sostiene el exconstituyente Carlos Rodado Noriega, ello se debe a que “muchos actos legislativos le quitaron la fuerza redistributiva al SGP”. Se refiere él a los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, los cuales recortaron las transferencias, pasando de representar el 47.4 % de los ingresos corrientes de la Nación en 2002 al 30.5 % en 2017.
De allí la importancia de la tarea que le encomendó el Congreso de la República, a través de la Ley 1943 de 2018, a una Misión de descentralización, la cual deberá presentarle una propuesta tendiente a nivelar la cancha, para que se pueda barajar para volver a repartir juego, porque no hay duda que el verdadero desequilibrio de poderes en Colombia es el que existe entre el poder central y los territoriales.
El reto mayor que tendrá el Gobierno central, así como los departamentos, municipios y distritos una vez se supere esta crisis será la de la recuperación y el rescate de los más vulnerables y vulnerados por ella, así como la reactivación y reconversión de la desastrada economía. Para ello, no basta con abrirle la posibilidad a las entidades territoriales de acceder, si es que lo logran, a los “créditos de reactivación económica” previstos en el Decreto 678 para “fomentar la reactivación”.
Nos parece que sería de gran ayuda para tales propósitos que se hiciera extensivo a todas las entidades territoriales el mecanismo de obras por impuestos, que hoy en día se circunscribe únicamente a las zonas más afectadas por el conflicto armado, para que las grandes empresas que operan en sus territorios puedan ejecutar obras concertadas con los gobernadores y alcaldes con cargo a los impuestos de renta que deben pagar a la Nación. En este mismo sentido y con los mismos propósitos se podría activar el mecanismo de las alianzas público-privadas para la provisión de bienes públicos.
Finalmente, hacemos un llamado al Gobierno nacional con respecto al proyecto de ley que está cursando en este momento, a través del cual se reglamentará el Acto legislativo 05 de 2019, que reformó el Sistema General de Regalías, SGR, y se modifica la Ley 1530 de 2012. En el evento que el Congreso de la República no alcance a expedirlo en esta legislatura que concluye el próximo 20 de junio, que es lo más probable, dado que el presidente de la República quedaría facultado para expedirla mediante Decreto – ley, le solicitamos que ello no se dé sin la previa concertación con las regiones.
Cota, mayo 5 de 2020
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