Parte de la historia de Colombia se resume en nuestras guerras y los intentos por resolverlas. Inclinados a sanear las diferencias con violencia nos ha tocado sentarnos a dialogar varias veces cuando nos cansamos de matarnos entre hijos de la misma patria.
La última vez fue bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos, quien decidió que era hora de acabar el conflicto con las antiguas Farc y estableció acuerdos para que ellos salieran de la ilegalidad y retornaran a la vida civil.
Seis años después la vida no ha sido color de rosa, pero sí se han registrado avances históricos, al punto que la reincorporación de los desmovilizados de las Farc en Colombia es referente a nivel internacional.
Este jueves, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, realizó una rendición de cuentas sobre lo hecho en los últimos 4 años. Esta entidad es la encargada de trabajar las rutas de reincorporación y reintegración, es decir, es la que acompaña a las personas que deciden dejar los grupos armados y retornar a la vida civil.
Sin desconocer el duro golpe que significó el retorno de varios excombatientes al “monte”, los que apostaron por continuar el proceso fueron muchos más. Hoy las cifras oficiales hablan de más de 12.800 personas en reincorporación, esto es, que dejaron atrás las armas para construir país.
12.800 personas es la población de un municipio de sexta categoría, para entender la importancia de este proceso. Durante ese camino a la legalidad, el Gobierno ha tratado de llevarles el Estado. Criticado por la oposición por “hacer trizas la paz”, el gobierno de Iván Duque ha apostado por la reincorporación más en las acciones que en el discurso, sin ocultar las falencias, que son muchas.
En el caso de los departamentos de Cesar y La Guajira debemos sentirnos orgullosos pues han sido dos de los territorios más tranquilos en materia de seguridad luego de la firma del acuerdo.
En estos casos, y en todo el país, el desafío pasa por la sostenibilidad económica de los excombatientes, quienes reciben un apoyo económico del Gobierno, sin embargo deben buscar generar sus propios ingresos. Para eso la ARN es la encargada de generar las capacidades académicas y técnicas.
No obstante, también está la responsabilidad ciudadana de brindarle una nueva oportunidad a estas personas que buscan un espacio en la legalidad.
Basta ver historias de personas que luego de salir de la guerra lograron formar una familia, estudiar bachillerato y entrar a la universidad, montar su propia empresa, entre otras, para entender que el acuerdo de paz ha sido una de las políticas más importantes de Colombia en los últimos 50 años.
El próximo presidente tiene la responsabilidad de corregir los errores del actual gobierno y seguir apostando por la reconciliación. No hay otro camino.