Ya son 1.580 días de incertidumbre para las familias residenciadas en Boquerón y El Hatillo, el primero corregimiento del municipio de La Jagua de Ibirico y el segundo una vereda de El Paso, Cesar.
En cifras concretas son cuatro años y ocho meses desde que el Ministerio de Ambiente a través de las resoluciones 0970 del 20 de mayo de 2010 y 1525 del 15 agosto del mismo año, ordenó a las empresas mineras Drummond Ltda., Sociedad Colombian Natural Resources I SAS- CNR, Prodeco S.A y Vale Coal Colombia Ltda., Sucursal Colombia, presentar para su aprobación un plan de reasentamiento de las viviendas y poblaciones afectadas por la explotación de carbón como Boquerón y El Hatillo, pero también se incluyó a Plan Bonito, pueblo del que sus habitantes fueron removidos por tales empresas pero que hoy se reorganizan en el mismo territorio tras el incumplimiento en algunos acuerdos.
Con la creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, mediante el Decreto ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, las empresas explotadoras de carbón en el centro del Cesar fueron obligadas a reasentar estas comunidades ubicadas en el área de influencia, específicamente en los municipios de Becerril, El Paso, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Codazzi.
La norma se pudo cumplir en cierta parte, primero de Plan Bonito salieron 192 familias y los terrenos se declararon baldíos quedando en manos del Incoder. Sin embargo, territorios como El Hatillo y Boquerón tenían que ser reubicados en el término de dos años siguientes a la ejecutoria de ese acto administrativo y han pasado 48 meses y nada.
Así puede verse en la realidad y pudo concretarse este miércoles en un debate organizado por la Asamblea del Cesar en Valledupar. El diputado Omar Benjumea Ospino convocó a las empresas involucradas, la población civil afectada y las autoridades departamentales encargadas de brindar garantías en el proceso.
En la sesión de la Duma se conoció que a la fecha existen 1.842 familias asentadas en las tres poblaciones en mención, los puntos más álgidos se centran en Boquerón que presenta una sobrepoblación y el reasentamiento sería casi que inviable, según las empresas mineras; el otro tiene que ver con Plan Bonito, que el 29 de enero de 2014 alcanzaron a ser reasentadas 174 familias (98 residentes y 76 tenedores o no residentes), pero hace 30 días decidieron volver a sus predios.
“Este es un proceso complejo porque hay muchos intereses, las empresas dicen que la comunidad y la comunidad que las empresas, el Gobierno Nacional descuida eso, el Gobierno Departamental le ha faltado participación, por eso queremos tratar de facilitar que esto se acelere”, afirmó Omar Benjumea.
Aseguró que en Plan Bonito hubo una primera etapa y en la segunda tardaron mucho las empresas en entregar lo acordado, eso generó que la gente quiera regresar a su pueblo de origen.
“En El Hatillo y Boquerón no han iniciado con la primera etapa, lo preocupante es que muchas partes del Cesar están concesionadas y seguramente van a venir nuevos reasentamientos. Queremos que se ponga el pie en el acelerador y los gobiernos nacionales y departamentales hagan que las comunidades junto con las empresas se sienten para encontrar una solución”, agregó Benjumea.
Lo claro es que por ahora no habrá reasentamiento en ninguna de las poblaciones, porque mientras las comunidades dialogan con las multinacionales, el tiempo pasa y la población sigue creciendo, lo que ha hecho la tarea más difícil para identificar a los verdaderos nativos de El Hatillo y Boquerón. En Plan Bonito serán las autoridades las encargadas de regular el regreso de los pobladores.
Pobladores no quiere salir
Flower Arias representante de Boquerón en el Comité de Concertación, explicó que el proceso ha tenido desventaja para las comunidades, porque no se ha llegado a un feliz término.
“Hoy estamos llorando las tres poblaciones, mañana a quién le tocará derramar las mismas lágrimas por haber desaparecido la historia de un pueblo que tiene más de 250 años en el Cesar”, aseguró.
Hubo denuncias de las multinacionales carboníferas involucradas en la orden del Ministerio de Ambiente, con relación a que la población ha sido la encargada de dilatar el proceso.
A esto Flower Arias respondió de la siguiente manera: “las multinacionales culpan a las comunidades por la demora del proceso, para que este llegue a feliz término debemos de tener garantías y esas garantías no la da la institucionalidad y la Agencia de Licencias Ambientales; hoy estamos amenazados por las circunstancias en la demora que no la está haciendo el Comité de Concertación sino lo impuesto por las empresas mineras en el momento”.
Y confirmó el índice de sobrepoblación que existe en este corregimiento de La Jagua de Ibirico tras la expectativa que hay sobre el proceso de reasentamiento.
Agregó que hay 1.500 casas y 300 lotes, cuando la población inicial era de 800 familias.
Por su parte, el alcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo Chinchilla, le pidió ayuda a la Defensoría del Pueblo para conformar un frente común en defensa de las comunidades de los corregimientos que están en el abandono.
“En Boquerón tenía un proyecto para un parque y una cancha de fútbol y me hicieron una moción de observación ya que si lo ejecutaba iba a estar inmerso en un detrimento público porque el corregimiento está mediante una resolución para reubicación”, sostuvo el mandatario.
Didier Lobo manifestó que debe haber reasentamiento y exigió que debe hacerse de una manera responsable, “no como en Plan Bonito, que le dieron los recursos a la comunidad que hoy se los gastó y hoy sigue siendo un problema social para los alcaldes”.
El Hatillo quiere vivir
Quizás las negociaciones más avanzadas en el tema de reasentamiento están en El Hatillo. El presidente de Junta de Acción Comunal del lugar, Jesualdo Vega Camacho, dijo que la demora ha estado en los cambios de operador que se encargaban de socializar dicha actividad.
“El primero fue Fonade que estuvo seis meses, luego vino RePlan que demoró más de dos años y no pasó nada, hoy contamos con una empresa nueva y parece que con ella nos hemos entendido mucho mejor”, declaró Vega Camacho, quien dijo además que hay una meta en la negociación que podría cerrarse en diciembre.
“Nos ha servido de espejo lo que ha venido pasando en Plan Bonito, lo que ellos dejaron de negociar ya nosotros lo hicimos, como fue el caso del residente y no residente, los nuevos hogares, los adultos mayores, discapacitados, en fin todo lo que se necesita para salir adelante con nuestras familias”, manifestó el representante de 151 familias que hoy habitan en el lugar.
Plan Bonito es fantasma
Este fue el primer pueblo fantasma que cobró la explotación de carbón en el Cesar. En total fueron 146 casas y 800 habitantes, que salieron del lugar en el 2014 especialmente para el corregimiento de La Loma, jurisdicción de El Paso.
Carlos Bahema, se convirtió en asesor jurídico de los pobladores de Plan Bonito en octubre del año anterior y explicó las razones para que las ya retirados estén retornando a su territorio.
“Debido al incumplimiento en algunos derechos patrimoniales y todos los extrapatrimoniales a la comunidad, algunos habitantes hace unos 30 días decidieron volver a sus predios. Hace ocho días teníamos 34 familias reasentadas, pero con la Defensoría del Pueblo y el secretario de Minas, Pedro Díaz, hemos tratado que la comunidad no retorne por los problemas de orden público que esto genera”.
El jurista explicó que en Plan Bonito existían unas 192 familias, 731 personas, entre tenedores, arrendatarios, no residentes, a cada familia se le otorgaron 130 millones para invertirse en una vivienda con valor de 80 a 90 millones de pesos, “como la segunda fase que es el restablecimiento de medio de vida no entró a su debido momento, entonces las personas fueron gastando y hoy se encuentran en la mendicidad”.
Defensa de las empresas
El encargado de hablar en nombre de las empresas mineras involucradas en el reasentamiento fue Juan Camilo Del Villar.
Enfatizó que la voluntad de las empresas es cumplir las resoluciones y ejecutar los reasentamientos de tal forma que los procesos se conviertan en una oportunidad de mejoramiento de vida para la comunidad.
“Los procesos de reasentamientos no son fáciles y estamos inmersos en dos situaciones particulares; la obligación conjunta impuesta por el gobierno a tres compañías que tienen operaciones en la zona y en tres poblaciones al mismo tiempo, cada una tiene una dinámica y desarrollo diferente; lo otro era que se pensaba que estos procesos podrían cumplirse en corto tiempo, la experiencia y la historia no solo en Colombia sino a nivel internacional, es que este tipo de procesos puede durar entre cuatro y siete años, obviamente eso no se refleja así en las resoluciones”, declaró Del Villar.
Finalmente se mostró preocupado por el retorno de personas a Plan Bonito. “Nos preocupa esa situación, queremos que el proceso continúe, está en una segunda fase que es el restablecimientos de medios de vida para la cual las compañías han puesto a disposición de las familias reubicadas a la fundación Fundes que tiene programas en ese sentido”.
En cuanto esto, el secretario de Minas Departamental, Pedro Díaz Campo, manifestó que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ha estado pendiente del proceso, pero el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería son los ausentes.
“Lo que hay detrás de todo esto es una problemática social derivada de una actividad primaria como es la explotación de carbón y es el Ministerio el principal responsable y la Agencia de Minería los que deben venir a conocer de la problemática y establecer medidas concretar para salir de ella”.
Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
carlos.jimenez@elpilon.com.co