Por: Amylkar D. Acosta M
En el gobierno siguen dando coces contra el aguijón en un laberinto en el que se le dificulta encontrar sus propios pies. La declaratoria de Emergencia Social y las medidas tomadas a su amparo, supuestamente para conjurar la crisis del Sistema General de Salud, atacan las consecuencias de la misma y no sus causas. El problema es esctructural y en la base del mismo está el desfase entre el número creciente de afiliados al régimen subsidiado y la reducida masa de aportantes al régimen contributivo. El modelo que sirvió de base a la Ley 100 de 1993 partía de la premisa de que el equilibrio se alcanzaría en la medida que se consiguiera tener un 30% en el rérgimen subsidiado y un 70% en el contributivo. Pero, ¿cuál es la realidad? Pues, que mientras el régimen subsidiado tiene una cobertura del 50.8% el contributivo a duras penas llega al 38.8% y ello es producto del desempleo que llegó al 12% en el 2009 y a la informalidad que llegó al 57.7%. A ello ha contribuido y de qué manera, la flexibilización laboral a través de las leyes 50 de 1990 y 789 de 2002, la cual se concibió con el fementido propósito de generar más empleo. Este es el qüid del asunto.
Y para rematar, la política asistencialista y demagógica del gobierno ha llevado a que más de 24 millones de colombianos estén en el SISBÉN, cuyo carné se reparte como si fuera una piñata en los consejos comunales sabatinos y ello ha tenido un efecto perverso, porque muchos que se benefician de él y del programa Familias en Acción pudiendo trabajar y cotizar en salud no lo hacen para no renunciar a dicho beneficio. Mientras tanto, sólo 8 millones cotizan y que cobijan a 17 millones de beneficiarios entre familiares y dependientes del afiliado al régimen contributivo. Y de contera, todas las proyecciones se hicieron con base en un crecimiento del PIB del 5%, meta esta que está cada vez más alejada de la realidad, sobre todo después de la recesión del año anterior, el cual pasó raspando la economía. Y, como si lo anterior fuera poco, el modelo económico pro-rico vigente, tiene como su contrapartida el crecimiento sin empleo, dado su sesgo a favor del capital y en detrimento del trabajo. Así las cosas, las medidas que está tomando el gobierno son sólo una manera de comprar tiempo y traspasarle la crisis al gobierno que viene, que puede ser el mismo.
Es bien sabido que el Fosyga se nutre de dos fuentes, una de ellas es el remanente de recursos correspondientes al régimen contributivo, la cual es complementada con los asignados a través del presupuesto nacional llamados pari pasu. La deuda de la Nación con los entes territoriales por este concepto supera los $6 billones. En la medida que el número de los afiliados al régimen subsidiado crece más que proporcionalmente a los afiliados al régimen contributivo se produce un descalce, el cual a su vez se traduce en un bache cada vez mayor. A ello se viene a sumar el hecho de que la falta de actualización del POS dio pie para que muchos eventos, procedimientos y medicamentos comunes y corrientes estén por fuera del mismo, los cuales tienen que ser cubiertos por el Fosyga.
A través de la Ley 715 del 2001, reglamentaria del Acto legislativo 01 del mismo año, el mismo que le recortó las transferencias a las entidades territoriales, se dispuso trasladar a los departamentos la responsabilidad del pago de los servicios no POS que reclaman los afiliados, generalmente a través de tutelas. Los recursos transferidos por la Nación a los departamentos resultaron insuficientes para ellos cubrir sus obligaciones con las EPS y este fue el detonante de la crísis, pero sólo el iceberg de la crisis estructural que sacude el sistema de salud. Como en el titular de uno de los éxitos cinematográficos de Cantinflas, ahí está el detalle.
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