La política de la paz total del Gobierno nacional que busca desmovilizar a todos los grupos armados es una buena intención sin método, sin rumbo claro y sin futuro. Negociar con todo el mundo en la práctica resulta imposible y riesgoso en términos de seguridad.
Hacer también un cese al fuego con todos sin verificación lo que termina es fortaleciendo a esos grupos.
El Gobierno quiere pasar a la historia por haber desarmado a todos o por lo menos gran parte de los grupos armados que existen en Colombia. Sin embargo, no hay siquiera un diagnóstico exacto de cuántos grupos ilegales hay en el país. Algunos hablan de 70, otros de más de 90 grupos. Estos grupos hacen presencia en territorios abandonados por el Estado donde la ley y el orden lo ponen los violentos.
A su vez, pareciera que los niveles de conflictividad estuvieran volviendo a los tiempos de antes de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. “Hemos vivido en tres años lo que no hemos vivido en 50 años de guerra”, dice un líder indígena en Puerto Leguízamo en un reportaje hecho por el medio Vorágine.
En regiones como Putumayo y Caquetá sigue habiendo disputa del territorio y del negocio de la coca por los llamados “comandos de frontera” y disidencias Farc. Los excombatientes son también el blanco principal de las disidencias, por eso los recientes clamores al Gobierno por protección para sus vidas.
Este deterioro de la seguridad territorial viene de la falta de voluntad del anterior gobierno de implementar el Acuerdo de Paz y de la falta de una política clara de seguridad del gobierno actual. A falta de problemas en el presente, el presidente salió a criticar el acuerdo firmado, que más que criticar, debería concentrarse en implementar, que bastante si hace falta. A eso se suma, la proliferación de nuevos grupos que han reclutado antiguos excombatientes y que han ocupado territorios que dejó las Farc y que el Estado no pudo ni quiso copar.
Por su parte, en el nordeste antioqueño y el bajo Cauca, se juntan todos los problemas: minería ilegal de oro, narcotráfico, deforestación, ganadería extensiva y problemas sociales. El cóctel perfecto para que el Clan del Golfo desestabilice la institucionalidad y afecte a la población con el paro minero. En medio de esa violencia, quedan muchos pequeños mineros que necesitan de la ayuda del Estado.
La situación de seguridad que vive el país amerita una política clara de lucha contra los incentivos de los grupos criminales como laboratorios de coca, maquinaria de minería ilegal, extorsión y el tráfico de maderas, entre otros. El llamado desesperado de los gobernadores del país no es un golpe de Estado como catalogan algunos, es que ellos son los que viven de cerca las problemáticas territoriales. Se ha dicho hasta el cansancio, la paz se consigue combinando el garrote y la zanahoria, no con exceso de zanahoria.
El Gobierno debe aterrizar y revaluar esa política de paz total. Es mejor hacer una cosa bien hecha, que hacer varias a medias. Es mejor concentrarse en desmovilizar a un grupo, ocupar ese territorio y garantizarles a esos combatientes condiciones para que no vuelvan al monte, que pretender desmovilizar a un montón de gente sin ningún tipo de garantía y sin sostenibilidad en el tiempo.
Concentrarse en negociar con quienes tienen algún ideario político como el ELN, las disidencias de las Farc y la Nueva Marquetalia debe ser la prioridad. Con que desmovilice a estos tipos, el Gobierno se podrá dar por bien servido. Yo si prefiero una paz minimalista, frágil, que una utópica paz total que en la práctica es imposible.
En la búsqueda de la paz los gobiernos necesitan ser recursivos para encontrar las vías que nos conduzcan a ello. Pero esto de la paz total está tan enredado, confuso y sin reglas claras que lo único que genera es preocupación y desconfianza.
Si el Gobierno no corrige el camino, se le pueden ir los 4 años y a pesar de querer, no logrará contribuir a la paz de Colombia. Twitter: @IvanLozanoba
Por Iván Lozano