Entre 2015 y 2016, a nivel nacional surgieron escándalos relacionados con la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, y de kits de alimentos para población vulnerable. En el Cesar resonaron varios casos que luego terminaron en sanciones, ejemplo, contra los exsecretarios Jorge Eliecer Araujo Gutiérrez y Jaime Luis Fuentes Pumarejo, de Educación Departamental y Secretaría General, respectivamente, y el del senador Didier Lobo como alcalde de La Jagua de Ibirico.
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Este último caso regresó a la agenda pública porque la Procuraduría General de la Nación decidió no reponer el fallo de única instancia proferido el 26 de febrero de 2020, en el cual se sancionó al senador del partido Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla, en su condición de alcalde municipal de La Jagua de lbirico, por presuntos sobrecostos superiores a los $3.000 millones en paquetes nutricionales para la recuperación de niños desnutridos o en riesgo de malnutrición, y de madres lactantes y gestantes.
HISTORIA
El hoy senador por Cambio Radical lidera uno de los grupos políticos más fuertes de La Jagua de Ibirico y el Cesar. Durante ocho años su grupo político ganó las elecciones para la Alcaldía del municipio minero, primero con él como cabeza visible, periodo 2012-2015, y luego con Yarcely Rangel Restrepo como alcaldesa (2016-2019). En 2018 decidió lanzarse al Senado de la República, logrando la no menospreciable cifra de 86.744 votos.
No obstante, seis años después de su salida de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico, el senador enfrenta procesos disciplinarios por su trabajo como burgomaestre.
Y es que según la Contraloría General, como alcalde, Didier Lobo participó en la suscripción y ejecutoria del contrato 340 del 3 de diciembre de 2012, con aparentes sobrecostos por $3.919 millones, cifra estimada por la Dirección Nacional de lnvestigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. Por ese contrato, en marzo del 2020 fue sancionado con suspensión de seis meses para ejercer cargos públicos.
En ese momento, el Ministerio Público informó que como Lobo Chinchilla ya no es servidor público la sanción se convertiría en salarios de acuerdo con el monto de lo devengado al momento de la comisión de la falta.
En contra de ese fallo, la defensa del senador interpuso un recurso de reposición. Dicho recurso esgrimió varios puntos intentando demostrar la no responsabilidad del senador.
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Según la defensa, se le impone sanción al exalcalde por haber suscrito el contrato, siendo el ordenador del gasto, “no habiendo verificado el trabajo de sus subalternos en el estudio de mercado y de precios. En consecuencia, lo que se le está exigiendo al disciplinado es un comportamiento en relación con las actividades de la etapa precontractual, porque en relación con el contrato mismo no se hace censura”.
Por eso, agregaron los abogados, “es evidente que en relación con los posibles errores en que se hubiera incurrido por sus subalternos, este no tenía ninguna responsabilidad, toda vez que ella recae en quiénes las realizaron, al amparo del principio de confianza”.
Sin embargo, la Procuraduría señaló que al suscribirse el contrato se perfecciona el acuerdo de voluntades, por lo cual las actuaciones que precedieron al acto se entienden incorporadas en este, “situación que demandaba del alcalde actuar conforme a las reglas sobre administración de bienes ajenos, más aún, en razón a que con la suscripción del negocio jurídico comprometió recursos por $15.295 millones”.
Aunque dicha sanción no afectará su continuidad como senador, sí impone un cuestionamiento sobre su actuar como alcalde, específicamente en la contratación de un tema tan sensible como es la alimentación.
LA SECRETARIA DE SALUD
Pero en este fallo no solo se reafirmó la sanción sobre el senador, también sobre la entonces secretaria de Salud, Cenith Mireya Echávez Ospino (2012-2015), en este caso con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años.
Según relata el expediente, Cenith Echávez fue nombrada en reemplazo de Leydis Sulay Bermúdez, la cual estuvo vinculada como secretaria de Salud de La Jagua de lbirico desde febrero de 2011 hasta septiembre del 2012, pero le fue concedida licencia de maternidad desde eI 15 de febrero hasta el 23 de mayo de 2012.
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Y fue durante ese tiempo de licencia, según la Procuraduría, que se viabilizó el cuestionado proyecto que aparece registrado en el Departamento Nacional de Planeación para ser financiado con recursos del Sistema General de Regalías. Por eso, sobre Echávez Ospino recayó la sanción de diez años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
HALLAZGOS Y ABSOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA
Contrario a la decisión de la Procuraduría, previamente, en primera y segunda instancia la Contraloría General absolvió al senador Didier Lobo y a la exsecretaria Cenith Echávez. ¿Por qué? “En razón a que el estudio de mercado elaborado por esa entidad no se realizó con los criterios e información que permitiera establecer con certeza la existencia del daño fiscal investigado”.
Sin embargo, esa decisión no tuvo incidencia en la determinación de la Procuraduría por cuanto la prueba “técnica que fundamenta los cargos formulados a los investigados en este proceso fue practicada por la Dirección Nacional de lnvestigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación”.
Pero, ¿qué hallazgos de la Contraloría iniciaron este proceso? En su momento la entidad señaló que el mayor valor cancelado fue de $3.026 millones. La Contraloría agregó que los mayores sobrecostos se dieron en el pago de productos como mantequilla y leche entera con hierro por $287 millones y $277 millones, respectivamente, en los kits para menores de 3 años; de igual modo, complementos de panadería ($220 millones en los kits destinados a niños entre 3 y 5 años); y aceite vegetal por $116 millones en los kits que recibieron las madres lactantes.
Por Redacción /EL PILÓN.