Por: CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA
Abogada – Especialista en Derecho Urbano
Es alarmante como de un tiempo para acá se han incrementado las invasiones en el Municipio de Valledupar, hoy tenemos conocimiento de la existencia de ocho de ellas, distribuidas en sectores periféricos de la Ciudad, por ejemplo, la panorámica que se observa de Valledupar desde un avión a punto de aterrizar en el aeropuerto ALFONSO LÓPEZ, y que en nada nos favorece es simplemente patética: cambuches y más cambuches. En estas invasiones la población convive sin las mínimas condiciones de habitabilidad y de servicios públicos domiciliarios, precisamente porque la constitución y la ley prohíben a los mandatarios locales la inversión en terrenos ocupados ilegalmente. Este problema tiene diferentes causas y es innegable que una de las principales, es el alto déficit de vivienda del Municipio de Valledupar, que se ha visto agravado por el fenómeno del desplazamiento forzado, los urbanizadores piratas que se valen de las necesidades de las personas para engañar y transmitir unos derechos de propiedad de los cuales no son titulares, los invasores profesionales, esos que incentivan y promueven la ocupación ilegal en predios ajenos sin importarles nada, los políticos que en su afán de ganar votos irresponsablemente hacen promesas de legalización de la propiedad, cuando bien saben que esto es imposible, por cuanto la Carta Política y las leyes civiles, protegen y amparan el derecho de la propiedad privada y por último la falta de autoridad y firmeza de la administración para evitar la proliferación de estas invasiones, quienes han preferido hacerse los de la vista gorda ante este problema que crece sin control, que afrontarlo decididamente, porque entre otras cosas ordenar un desalojo, que es la vía legal, es una medida antipopular y nadie quiere cargar sobre sus espaldas con semejante chicharrón. Si bien es cierto, que dentro de estas comunidades se encuentran personas en alto grado de vulnerabilidad, población en condición de desplazamiento, entre otros, y en virtud a ésta se deben tener ciertas consideraciones, no es óbice para que las autoridades ejerzan no sólo el poder persuasivo sino el coercitivo para restituir los derechos de la propiedad a quienes con esta situación irregular le han sido vulnerados, so pena de las acciones legales en que puedan verse inmerso el Municipio por parte del particular por no protegerlo. Sin duda no es un problema sencillo de resolver por las connotaciones sociales que tiene, pero no por ello, se puede abandonar la potestad constitucional de garantizar primero que todo el orden púbico y unos derechos en menoscabo de otros, que no pueden adquirirse por las vías de hecho, como es el caso de una vivienda digna, para lo cual la administración deberá a través de las herramientas legales y de las entidades correspondientes, como lo son el nuevo Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo de Vivienda Municipal – FONVISOCIAL implementar los programas y proyectos de vivienda necesarios para disminuir el déficit cuantitativo de vivienda en la ciudad y de esta manera ofrecer una solución de vivienda a sus habitantes. Pero quizás el primer paso para darle solución a este problema, es que llamemos las cosas por su nombre y no llamarnos a engaños, pues tratar de matizarlo, no lo resolverá. Las invasiones están prohibidas y son un delito urbanístico, vulneran el derecho a la propiedad privada y en consecuencia no pueden ser objeto de inversiones de recursos públicos por parte de las administraciones locales, como tampoco pueden constituirse en la vía para obtener una solución de vivienda, por tal razón no pueden fomentarse, promoverse y mucho menos expandirse ante la mirada indiferente y permisiva de la autoridad y debe castigarse con todo el peso de la ley a quienes valiéndose de la necesidad de los más pobres trafican con el sueño de tener una casa propia.
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