Los siete departamentos que conforman la región Caribe viven una situación energética paradójica. Por un lado, dada su ubicación geográfica y características naturales, el Caribe tiene el mayor potencial energético del país. Sólo en el departamento de La Guajira, el potencial de generación eléctrica con fuentes eólica y solar es mayor al de generación hidroeléctrico de todo el territorio nacional, donde hoy cerca del 70 % de la generación depende de fuentes hídricas.
Gracias a este potencial y al desarrollo de un marco regulatorio y tributario atractivo, la región Caribe se ha consolidado en este Gobierno como el epicentro de la transición energética de Colombia, incluyendo la puesta en operación de más de 12 parques eólicos en La Guajira y múltiples granjas solares en Cesar, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre con inversiones por más de $10 billones de pesos en los próximos 3 años.
Para complementar este gran atractivo de oferta energética, el Caribe también tiene el mayor potencial de crecimiento en la demanda de energéticos en todo el país. En los últimos 2 años, el consumo de energía eléctrica ha crecido a un ritmo anual de 6,13 %, unos 2,4 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, reflejando el desarrollo económico y comercial que ha experimentado esta región que alberga al 25 % de la población colombiana.
A futuro, se espera que la demanda continúe creciendo, pues el 85 % de las exportaciones nacionales salen por puertos ubicados en el Caribe, lo cual se incrementará, entre otras cosas, gracias a las políticas de “near shoring” impulsadas por el Ministerio de Comercio, y que están adoptando las administraciones municipales y departamentales.
Pese a este dinamismo energético, los habitantes de la región Caribe han sufrido por más de una década uno de los peores servicios de suministro de energía eléctrica en la historia reciente del país, el cual se ha visto reflejado en frecuentes y prolongados cortes de energía, dos de los principales indicadores de calidad del servicio.
Conscientes de esta deuda que tenía el Estado con una de las regiones más importantes en materia energética y económica, buscar una solución estructural y definitiva a esta problemática se convirtió en una obsesión del presidente Duque y del Gobierno nacional.
Por eso, desde el inicio de nuestra administración, el Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, nos pusimos en la tarea de buscarle salidas a este problema que ha envejecido mal y que, como producto de una inadecuada gestión, desembocó en una empresa intervenida, con índices operacionales y de calidad deficientes, y rezagos billonarios en materia de inversión en infraestructura eléctrica.
La solución requería atender varios frentes. El primero fue trabajar de la mano del Congreso de la República, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, para facultar al Gobierno nacional a expedir regímenes tarifarios especiales y transitorios para asegurar las inversiones necesarias en las actividades de distribución y comercialización de energía en el mercado Caribe, así como fortalecer el Fondo Empresarial, mediante la contribución de una tasa moderada en las facturas de energía de estratos 4, 5 y 6, y el sector comercial e industrial.
Este primer paso se logró con el liderazgo de la bancada Caribe en el Congreso y con el concurso de otras bancadas regionales, quienes entendieron que esto era un tema de país y no simplemente un problema regional.
El segundo frente era poner en marcha un ambicioso plan de inversiones en infraestructura eléctrica. En este sentido, aceleramos los proyectos del Plan 5 Caribe, más que duplicando el número de obras que han entrado en operación, pasando de 9 a 21 y con otras 16 en ejecución. En estos 2 años de Gobierno hemos invertido más de $3 billones de pesos en nuevas subestaciones, cierres de circuitos y fortalecimiento de las redes de transmisión y distribución.
Adicionalmente, en 2019 aprobamos un CONPES con inversiones en infraestructura eléctrica para 2020 por más de $860 mil millones de pesos, multiplicando por 8 el promedio anual de inversiones en infraestructura eléctrica en los últimos 10 años. Finalmente, desde el Ministerio de Minas y Energía hemos destinado más de $65 mil millones de pesos para normalización de redes eléctricas en los siete departamentos de la región.
El tercer frente consistía en lanzar un proceso competitivo para adjudicar a nuevos operadores el mercado de la región Caribe. Después de un largo proceso de promoción que duró más de 18 meses y que incluyó roadshows en Asia, Europa y las Américas, se precalificaron 6 empresas o consorcios interesados, y el 20 de marzo, mediante una subasta pública, fueron adjudicados los mercados de Caribe Mar (Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar) y Caribe Sol (Atlántico, Magdalena y La Guajira) a EPM y al Consorcio de Energía de la Costa, respectivamente, las cuales están contractualmente obligadas a invertir más de $8.5 billones de pesos en los próximos 10 años.
Con estas dos empresas, que se han denominado Afinia y Aire, por fin se terminará esa pesadilla eléctrica que han padecido los más de 10 millones de habitantes del Caribe. Sin embargo, hay que ser conscientes de que la transición será gradual, mientras las cuantiosas inversiones que se han hecho y que se harán en los próximos años, se traducen en un servicio más confiable y de la calidad que se merece el Caribe.
Diego Mesa, ministro de Minas y Energía