Siete exfuncionarios y contratistas serán sentados en el banquillo de la justicia por el presunto detrimento patrimonial que se generó en la obra ‘La Casa en el Aire’ en Valledupar.
Se trata del exsecretario de Obra Juan Pablo Morón Riveira, el interventor Carlos Andrés Losada Contreras, los contratistas Johana Patricia Vergara Abello y Jorge Mario Peña Mattos, capturados la mañana del jueves en un operativo de la Fiscalía.
Junto a ellos tendrán que comparecer el también exsecretario de Obra, Jorge Armando Maestre Jaraba, el exsecretario General José Juan Lechuga Zambrano y el exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía, quienes tienen órdenes de captura que todavía no han materializado.
EL PILÓN conoció que José Juan Lechuga y Augusto Daniel Ramírez solo serán notificados de la orden judicial y citados para las audiencias preliminares debido a que ya tienen una medida domiciliaria por otro proceso.
LA INVESTIGACIÓN
La investigación responde al contrato No. 1613 de 2018, que se suscribió para la construcción de la primera etapa del parque Casa en el Aire por valor de $6.398 millones y con un plazo de 11 meses.
Este fue adjudicado al Consorcio Broes Construcciones, representado legalmente por Johana Patricia Vergara Abello y tuvo como supervisor al exsecretario de Obra Juan Pablo Morón.
Pero en la etapa precontractual se presentaron presuntas irregularidades. Por ejemplo, según la Fiscalía se omitió obtener la licencia de construcción lo que generó un desplazamiento del lugar de levantamiento de la cimentación de la obra y trajo como consecuencia la suspensión de la misma en tres oportunidades.
Un motivo que habría generado que se realizara una adición al contrato de $2.897 millones, para un total de $9.295 millones.
Los cobros fueron realizados por el nuevo representante legal de Broes, Jorge Mario Peña Mattos y autorizados tanto por el interventor Carlos Andrés Losada Contreras, y los supervisores Juan Pablo Morón Riveira, exsecretario de Obras, y posterior a su salida, el nuevo secretario Jorge Armando Maestre Jaraba.
Sin embargo, la obra todavía está inconclusa a pesar que el municipio ha cancelado más de $3.012 millones, que se constituyen en un detrimento patrimonial.
“El contratista ha presentado al municipio la ejecución de unas cantidades de obras a mayor valor y mayores cantidades, como es el caso de la cantidad de metros cúbicos de concreto, que se han cobrado al municipio 2.290 m3 cuando de la información suministrada por los proveedores, se estableció que solo se han despachado 1.596,50 m3, es decir, se sobrefacturan 693.79m3 de concreto”, indicó una fuente judicial.