Atónito. Así quedé cuando un amigo que conoce de política en Bogotá me dijo que una campaña decente a la Cámara de Representantes en el Distrito Capital cuesta unos $500 millones, incluso menos. Atónito porque un candidato a la Cámara por el departamento del Cesar debe contar como mínimo con 3.000 millones de pesos, y eso, se puede ver alcanzado en la recta final del certamen electoral.
La génesis de los problemas de nuestra frágil democracia colombiana radica en el alto costo de las campañas. De allí que el diablo esté es en la financiación de los candidatos. Piénsese el cargo que sea, un Concejo, una Asamblea, una Alcaldía, una Gobernación, una Cámara, un Senado, incluso un espacio como edil de comuna o localidad implica tener un presupuesto mínimo para la logística. Hasta la personería de un colegio requiere de algo de recurso. En algunos casos más, en otros menos.
A los costos generales de una campaña se añade que muchas personas y comunidades contribuyen a encarecer las contiendas con los pedidos de aportes, favores, “ayudita” para comprar los uniformes para el torneo del barrio, entre otras contribuciones. Es decir, condicionan el apoyo a un candidato basado en un aporte usualmente económico que ese candidato da a determinada causa. Todo lo que está mal en esta vida.
Es una realidad que el dinero muchas veces, cuando no la mayoría, condiciona la posibilidad de llegar a determinado cargo público. También es cierto que hay líderes que han hecho cosas distintas y trabajando con las uñas han llegado a altos cargos de elección popular con apoyo del voto de opinión, que respalda las ideas y las formas de liderazgo, pero esa es la excepción y no la regla.
En ese escenario, un representante o senador que gasta altas cantidades de dinero en una campaña, ¿qué llega a hacer con su curul? Seguramente a negociar con su voto en el Congreso la aprobación de proyectos de ley y a defender los intereses de mineras, empresas de bebidas azucaradas y fondos de pensiones que financian a muchos. Es así como recuperan una parte de la plata porque ni siquiera por reposición de votos se alcanza a recuperar los miles de millones que cuesta una candidatura.
Luego aparecen los contratistas amigos que viven de la corrupción y con quienes hacen negocios muchos políticos. El congresista le gestiona la aprobación del proyecto, y el contratista retribuye el porcentaje. En eso recuperan la otra parte de la plata. Y así, muchos políticos hacen campaña con plata del Estado. Sabroso así.
Eso hace difícil que en el caso del Cesar surjan candidatos alternativos que quieran hacer las cosas distintas, con campañas austeras y que puedan arrebatarle una curul de Cámara a los mismos de siempre. Sin embargo, lo que da esperanza es que la gente está cansada de los políticos, quiere algo distinto y puede abrirse un espacio.
Adenda: comienzan a aparecer los senadores fantasmas del Cesar quienes ya están buscando los líderes a quienes defraudaron para que les ayuden y presionando a contratistas para que les comiencen a hacer reuniones. Que se imponga el voto castigo.
@IvanLozanoba