A buena hora llegó a la Contraloría General de la República un funcionario íntegro y comprometido con su deber constitucional. Las investigaciones adelantadas por el contralor Edgardo Maya Villazon, en la Refinería de Cartagena (Reficar), al sistema de regalías, al controvertido cargo por confiabilidad y al Programa de Alimentación Escolar, entre otros, tiene a varios ministros y altos funcionarios del Gobierno rindiendo cuentas de sus sospechosas actuaciones en el manejo de estos dineros públicos.
El campeón de todos estos casos de corrupción, es el descarado robo en los comedores escolares a niños de escasos recursos a través del Programa de Alimentación Escolar -PAE- que orienta y ejecuta la ministra de Educación, Gina Parodi. Los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República ameritan liquidar inmediatamente ese perverso programa.
Para ponerlos en contexto, el PAE es un programa que supuestamente debe garantizar una adecuada nutrición y una buena salud a niños de hogares en extrema pobreza, para facilitarles un desarrollo físico y mental que les permita tener un aprendizaje escolar óptimo. Los recursos para este propósito son aportados por el Ministerio de Educación, los departamentos y municipios. El problema está en que el Ministerio de Educación se dedicó a contratar directamente la prestación del servicio sin contar con la estructura administrativa para ejercer un control y seguimiento a dichos contratos.
En la auditoria especial realizada a 143 instituciones educativas de 41 municipios de la Región Caribe, se encontró que los operadores solo entregaban en promedio 57 de 100 raciones de alimentos que se les pagaba y lo peor del cuento es que solo contemplaban un aporte nutricional del 20% para complementos alimenticios. De los 212 contratos que fueron revisados por el órgano de control fiscal, 167 fueron otorgados a dedo, lo que permitió que se adjudicaran varios contratos a un mismo operador o que en una misma institución educativa confluyeran varios operadores, violando los lineamientos técnicos-administrativos y las normas de contratación pública.
El desorden es de tal magnitud, que la Contraloría encontró en esta pequeña muestra 254 hallazgos, de los cuales 206 tienen connotación disciplinaria, 42 con responsabilidad fiscal por un valor de 12 mil millones de pesos y cuatro hallazgos con presunto alcance penal. Ya podrán imaginarse el tamaño del escandalo, el día que la Contraloría termine la auditoria a nivel nacional. Si esto hubiese sucedido en cualquier país decente del mundo, ya hubieran destituido a la Ministra de Educación y puesto tras las rejas a estos contratistas.
En el tintero: i) El comportamiento de los futuros de maiz y soya en la Bolsa de Chicago siguen disparados, ojala los productores colombianos aprovechen esta oportunidad aumentando las siembras en mayo. ii) Gracias al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, los cultivadores de maiz, arroz y demas cultivos semestrales podran tener tasas de interés del 8 % efectivo anual, subsidio del 70 % para el seguro de sus cosechas y un incentivo de hasta el 40 % para sistemas de riego y compra de tractores, con lo cual podran aumentar la productividad de sus cultivos.