El periodismo cesarense y el del resto del país también es víctima del conflicto armado colombiano, siendo las autodefensas, las guerrillas, e incluso el Estado, responsables de ello, según la Comisión de la Verdad.
Un anexo del Informe Final de este comité de paz señala que las afectaciones de la violencia contra la prensa en el marco del conflicto son múltiples.
“A la vida, la libertad, la libre circulación, la seguridad y el derecho al trabajo de los periodistas, a la libertad de expresión, de opinión, de prensa, y al derecho a informar y ser informado”, describe la investigación.
CASO GUZMÁN
El 16 de septiembre de 1999 fue asesinado el periodista Guzmán Quintero Torres, en Valledupar, siendo jefe de redacción del diario EL PILÓN, en los primeros años de este medio local.
Según la Fundación Para la Libertad de Prensa, FLIP, Quintero venía recibiendo amenazas desde 1995, cuando publicó en el periódico El Heraldo, de Barranquilla, el artículo ‘Los hijos de la Sierra’ sobre los grupos armados en la serranía de Perijá.
La Comisión recuerda que meses antes de su asesinato, Guzmán había documentado dos casos de errores militares, en los cuales había muerto una embarazada y un niño, en diferentes escenarios.
Este hecho fue declarado como crimen de lesa humanidad porque se dio en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la prensa en Colombia, explica la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
Para el órgano de paz “los funcionarios de Estado y de gobierno, incluidos los miembros de la fuerza pública, suelen esperar de los periodistas una actitud complaciente, subordinada, acrítica, que no cuestione; que alabe, que muestre una lealtad ciega, y que difunda la propaganda oficial”.
CASO AMPARO
Las fuerzas oscuras también acabaron con la vida de la comunicadora social y periodista Amparo Jiménez Pallares, quien cubría temas relacionados con el paramilitarismo, grupo que en una ocasión le arrebató su material periodístico y la retuvo al sur del Cesar.
La profesional vallenata fue asesinada el martes 11 de agosto de 1998 a sus 37 años, en Valledupar, siendo delegada del ‘Programa presidencial para la reinserción’ y coordinadora de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz, Redepaz, en la región.
El documento describe la estrategia paramilitar frente al manejo de la información ya que a los armados les preocupaba lo que producían los periodistas.
“Violentaban intencionalmente la pluralidad informativa asesinando a quienes se apartaban de las versiones oficiales que necesitaban como mecanismo de guerra”, se lee en ‘La verdad victimizada: El periodismo como víctima y su rol y responsabilidades en el marco del conflicto’.
MARTÍN LARROTA
A las agresiones contra la prensa se suman las violaciones al derecho a la propiedad de los dueños de los medios, como fue el caso de Martín Larrota.
A un paramilitar le imputaron el asesinato con arma blanca de Larrota, quien era dueño de una estación de radio en San Alberto, sur del Cesar, y propietario de salas de cine.
En síntesis, para la delegación de paz, las violaciones mencionadas han atentado contra el derecho de los colombianos a saber la verdad.
GREMIOS DE PERIODISTAS
“Son atentados contra la democracia”, concluye el informe, y con lo cual está de acuerdo María Eloisa Araújo, presidenta de la Asociación de Periodistas Asociados del Cesar, PAC.
“Como asociación somos muy jóvenes, pero muchos de los miembros vivieron esa época y dejamos esta nota de protesta porque no solo son asesinados, otros han huido o recurren a protección del Estado porque temen por su vidas”, dijo Araújo a EL PILÓN.
Por su parte, María Elvira Marulanda, presidenta del Círculo de Periodistas de Valledupar, CPV, aseguró a este diario que alrededor de 45 comunicadores están inscritos en la Unidad de Víctimas.
“A algunos les dieron la reparación administrativa y otros siguen a la espera. Ese grupo de periodistas vivieron una época muy difícil del conflicto armado, de una manera muy cruda, en primera fila entre los años 1995 y 2006”, contó la presidenta.
“A raíz de eso hubo autocensura, vulneración de la libertad de prensa y ahora ya no son los actores armados, pero aún existe ese flagelo, pero desde la delincuencia común, el mismo estado y clases políticas”, puntualizó la líder gremial.
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Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN.