La sangre y el dolor que por décadas ha corroído la convivencia pacífica en nuestro país, llevó a que de un tiempo a esta parte en los diferentes círculos sociales, políticos, religiosos y de todo tipo se esté enarbolando el axioma de que ‘más vale un mal arreglo que un buen pleito’, beatificando las concesiones que se le están otorgando a Las Farc en las negociaciones de La Habana.
La quimera de paz ha revestido de credibilidad iniciativas que por sí solas nos sepultarían en la desesperanza, miren que sin inmutarnos elegimos a un Presidente de la República ‘rolo’, ególatra, vanidoso, representante de la más rancia aristocracia cachaca al igual que su arrogante vicepresidente, a quien le han venido dando poder político para maltratar con desplantes a particulares y hasta a amnésicos periodistas que siguen creyendo en él.
Hasta ahí, aún con incomodidades políticas todo iba bien. Las dudas surgen cuando a la mesa de diálogos llevan víctimas de actores violentos diferentes a las Farc, con el exclusivo interés de convertir a los victimarios en víctimas. Lo curioso es que algunos agraviados les hacen el juego, culpándose de las agresiones y no a quienes los extorsionaron, secuestraron o le asesinaron familiares, revistiendo de legitimidad ciudadana la prohibición de la guerrilla a emitir opiniones y visitar sitios selváticos, como si el Estado colombiano o el pensamiento pudiera ser parcelado por fuerza de las ilegales armas, sea cual fuere su inspiración política.
Así las cosas, es claro que de las conversaciones de La Habana no solo se espera la promocionada aceptación del pueblo colombiano a esa guerrilla, sino el señalamiento colectivo a la ultra derecha y sus representantes como los causantes de las desgracias del país. Mezquina intención contra un proceso de paz que si no es integral jamás será exitoso, por culpa de la poca sinceridad de los que se declaran pacifistas, al tiempo que buscan equivocadamente a un culpable a quien castigar política y judicialmente en vez de propiciar un espacio en el que quepamos todos.
Si analizamos el conflicto armado en Colombia, independiente a la connotación semántica que el término constituye frente al Derecho Internacional Humanitario y demás tratados internacionales, en Colombia víctimas somos todos en mayor o menor grado; por esto no se puede utilizar su dolor para sacar réditos políticos o cobrar viejos rencores y su atención en lo que tiene que ver con verdad, justicia y reparación debe estar a cargo exclusiva e integralmente del Estado, sin distingos del grupo armado que las ocasionó.
Solo así evitaremos que en nuestro afán de copiar modelos extranjeros, repliquemos ajenas experiencias en procesos de paz para las que nuestro temperamento no está preparado, creando monstruos más feroces que el que queremos acabar en una mesa de negociación. La verdad debe servir para sanar heridas y perdonar, no como indicio o prueba procesal porque corremos el riesgo de que sea argumento de extorsión, tal como lo han utilizado en algunos casos los reinsertados de las autodefensas. La paz tiene un grado de impunidad que no nos debe dar miedo usar si de verdad queremos terminar estos largos años de oscuridad. Atrevámonos con sinceridad.
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