La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) tuvo su origen en la Resolución 106 (VI) del Consejo económico y social de las Naciones Unidas reunido en Santiago de Chile el 25 de febrero de 1948. Su misión ha consistido en asesorar y colaborar con los gobiernos de la región en todo lo concerniente a su desarrollo económico y social.
A la larga se ha convertido en uno de los centros de pensamiento más prestigiosos y relevantes en Latinoamérica, en un referente obligado para los estudiosos de su realidad merced a sus análisis y diagnóstico de sus tendencias económicas y en una de las voces más autorizadas e informadas a lo largo de sus 74 años de existencia.
Por su Secretaría ejecutiva han pasado diez titulares, siendo tres de ellos los que más han permanecido en el cargo: la saliente Alicia Bárcena Ibarra con 14 años, Enrique Iglesias y Raúl Prebish con 13 años y sólo un colombiano, José Antonio Ocampo, quien además de exministro de Hacienda y excodirector del Banco de la República fungió como Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales de la ONU durante el mandato de Kofi Annan como Secretario General (2007).
Indudablemente quien más contribuyó al prestigio y visibilización de la CEPAL fue el economista argentino, quien le dio un gran impulso y forjó un modelo propio para América Latina basado en la protección de la producción nacional, la promoción de la industrialización y la diversificación de las exportaciones. Esta línea de pensamiento tuvo su eco en la administración del Presidente Carlos Lleras Restrepo y su ministro de hacienda Abdón Espinosa Valderrama, plasmándola en el famoso Decreto 444 de 1967 “sobre el régimen de cambios internacionales y de comercio exterior”. Huelga decir que la escasa industrialización alcanzada por Colombia particularmente se debe a su protección, tal y cual como lo hicieron también en su momento los países desarrollados.
A su abandono le debemos la desindustrialización que padecemos, que le ha significado al país una pérdida de participación tanto del sector industrial como del sector agrícola en el PIB. El primero pasó de representar en precios constantes del 22% entre 1970 y 1980 al 12.1% y el segundo del 24% entre 1970 y 1980 al 7% en 2019. Y ello, para abrazar con el sectarismo de los conversos el credo neoliberal del Consenso de Washington, que tuvo más de Washington que de consenso, con la promesa incumplida de alcanzar un mayor crecimiento de la economía y hacer el tránsito de ser un país de ingresos medios a otro de ingresos altos.
Se hizo célebre la frase según la cual la mejor política industrial era no tener política industrial y la mejor política agrícola era no tener política agrícola, es decir dejárselo todo al mercado, que el Estado en cambio ocupe el puesto trasero y allí están sus funestas consecuencias. Esos polvos tenían que traer estos lodos!